Una de las iniciativas emblema del nuevo gobierno de la Ciudad de México, encabezado por Clara Brugada, es el Agua Bienestar. Consiste en la venta, por parte de las autoridades, de garrafones de agua de 19 o 20 litros en cinco pesos, lo cual busca garantizar el acceso a agua potable a bajo costo para las comunidades más vulnerables.
En primera instancia, el programa suena lógico, sobre todo viniendo de una persona que gobernó, en un par de etapas distintas, una de las alcaldías de la capital del país que más padece de este recurso: Iztapalapa. Sin embargo, un análisis más profundo de esta propuesta necesariamente plantea una serie de interrogantes que ponen en duda su viabilidad y, lo que es más preocupante, su impacto en la salud pública.
El precio de cinco pesos por garrafón de 19 o 20 litros resulta tentador para muchos bolsillos, tomando en cuenta que el costo promedio en tiendas de autoservicio, abarrotes o rellenadoras de la Ciudad de México oscila entre los 45 y los 60 pesos. No obstante, el precio tan bajo plantea serias dudas sobre la calidad del agua que se está ofreciendo. La producción a gran escala y a bajo costo inevitablemente implica una reducción en los estándares de calidad y en los procesos de purificación. ¿Cómo es posible garantizar la salubridad del agua a un precio tan bajo? ¿Se están sacrificando los controles de calidad para alcanzar esta meta?
Varios medios de comunicación han revelado que las plantas purificadoras donde se produce el Agua Bienestar operan sin el permiso requerido por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS). La falta de supervisión independiente permite sospechar que el agua distribuida a través de este programa podría no cumplir con las normas sanitarias establecidas. Si bien el gobierno ha asegurado que el agua es sometida a rigurosos procesos de purificación, la realidad es que estas afirmaciones carecen de una verificación externa confiable.
Es importante recordar que el agua no es un simple producto de consumo, sino un elemento esencial para la vida. Beber agua contaminada puede tener graves consecuencias para la salud, desde enfermedades gastrointestinales hasta problemas a largo plazo como daños renales. En este sentido, la iniciativa Agua Bienestar podría estar poniendo en riesgo la salud de miles de personas, especialmente de aquellos que más lo necesitan.
Además de las dudas sobre la calidad del agua, existen otras interrogantes relacionadas con la sostenibilidad del programa. ¿Cómo se garantizará el suministro a largo plazo si la demanda supera la capacidad de producción?, ya se están generando casos en que la oferta está muy por debajo de la demanda ¿Qué pasará si los costos de producción aumentan? ¿Se mantendrá el precio de cinco pesos o se verá obligado a incrementarse? Estas preguntas aún no tienen una respuesta clara, lo que genera incertidumbre sobre el futuro de la iniciativa.
Por otro lado, es necesario cuestionar si la distribución de garrafones de agua es la solución más efectiva para garantizar el acceso a agua potable. Si bien, esta medida puede ser útil a corto plazo, no aborda las causas profundas del problema, como la falta de infraestructura adecuada y la contaminación de las fuentes de agua.
En conclusión, la iniciativa Agua Bienestar, si bien plausible en su objetivo de brindar acceso al agua potable a bajo costo, presenta serios riesgos para la salud pública y plantea interrogantes sobre su viabilidad a largo plazo. Es fundamental que las autoridades garanticen la transparencia y la rendición de cuentas en la implementación de este programa, así como que se realicen evaluaciones independientes de la calidad del agua que ofrece. Asimismo, es necesario invertir en soluciones estructurales y explorar otras alternativas para garantizar el acceso universal al agua potable, como la mejora de la infraestructura hídrica y la promoción de prácticas sostenibles de gestión del agua.
La salud de la población no debe ser puesta en riesgo en nombre de una política populista. Es hora de que las autoridades tomen decisiones basadas en evidencia científica y en el interés superior de los ciudadanos.