
La diputada del PAN, Annia Sarahí Gómez Cárdenas, presentó una iniciativa de reforma al artículo 171 del Código Penal Federal, con el objetivo de aumentar las sanciones a quienes, bajo el influjo del alcohol o drogas enervantes, cometan infracciones de tránsito al conducir automóviles.
La iniciativa propone establecer de 12 meses a cinco años de prisión, una multa de 500 a 600 Unidades de Medida y Actualización (UMA’s) y la suspensión -de 24 meses- o revocación de la licencia de conducir. El valor de la UMA mensual para 2025 se establece en 531 pesos, por lo que las multas podrían ir de los 8 mil 850 a 10 mil 620 pesos.
Gómez Cárdenas explicó que el Código Penal Federal actualmente establece una pena de hasta seis meses de prisión, una multa de hasta 100 pesos, y la suspensión o pérdida del derecho a la licencia de manejo por este tipo de infracciones.
Sanciones ligeras
De acuerdo con la diputada, estas sanciones resultan bastante ligeras respecto al impacto social y humano de los incidentes viales ligados al consumo de alcohol y drogas, pues, citando a la Organización de las Naciones Unidas (ONU), los siniestros viales ocasionados por la ingesta de alcohol causan 1.3 millones de muertes en el planeta y 50 millones de personas en todo el mundo son heridas de gravedad.
En México indicó que, durante 2021, mil 715 personas fallecieron en siniestros viales, lo equivalente a una tasa de 11.4 muertes por cada 100 mil habitantes.

La legisladora indicó que a estas cifras se debe sumar que en 29.3 por ciento de los accidentes registrados ese año no se pudo determinar si el conductor había ingerido alcohol, según la Secretaría de Salud.
Gómez Cárdenas utilizó también cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en las que se registró un incremento en los accidentes vehiculares relacionados con el alcohol los días viernes, sábado y domingo, cuando suelen implementarse los operativos de alcoholimetría. Sin embargo, dijo, la efectividad de estas medidas varía entre entidades y municipios.
También puntualizó que las muertes asociadas al consumo de alcohol y conducción son prevenibles si se fomenta un consumo responsable y se evita combinar ambos elementos. Además, consideró que es necesario incrementar las penas, ya que las sanciones actuales, en su mayoría administrativas, no han logrado disuadir este comportamiento ni reducir los incidentes.
Finalmente, consideró necesario y urgente que se legisle en esta materia, con el fin de buscar una discusión a nivel nacional para tratar de adecuar el marco jurídico a la realidad actual.
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