
El colapso de Billions Trade Club, un esquema financiero que ha dejado a miles de inversionistas en la ruina, ha revelado una compleja red de empresas y personas involucradas en su operación. En el centro de esta red se encuentra Top Legacy Company, una empresa mexicana con sede en Guadalajara, Jalisco, que ahora enfrenta el escrutinio de las autoridades.
La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) emitió una alerta sobre Billions Trade Club, ya que la entidad no estaba regulada por el Sistema de Registro de Servicios Financieros (SIPRES).
La situación se agravó en julio de 2024, cuando la compañía dejó de pagar a sus inversionistas, dejando al descubierto lo que muchos consideran un esquema fraudulento.
Empresa mexicana investigada

Top Legacy Company, fundada en abril de 2022 por Shakib Alfredo de Jesús Hamden Montoya, Jorge Enrique Rodríguez Frausto e Iván Vélez Leal, promovió una entidad con sede en un paraíso fiscal, lo que levantó sospechas sobre la legalidad de sus operaciones.
Según la ley mexicana, la captación de dinero del público debe estar regulada por instituciones como la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), lo que no ocurrió en el caso de Top Legacy Company ni de Billions Trade Club.
Los socios de Top Legacy Company podrían enfrentar investigaciones por delitos como fraude y lavado de dinero, relacionados con la captación de recursos para una empresa no regulada. Esto no solo representa una violación a las leyes financieras del país, sino que también abre interrogantes sobre cómo los fondos obtenidos por Billions Trade Club fueron utilizados para financiar las actividades y eventos de la empresa mexicana.
Billions Trade Club se presentó como un “club exclusivo” especializado en criptoarbitraje, utilizando la criptomoneda Tether (USDT), vinculada al dólar estadounidense. La compañía afirmaba ofrecer un modelo disruptivo basado en tecnología blockchain, enfocado en inversionistas interesados en el mercado de criptomonedas. Sin embargo, su falta de regulación y el cese de pagos a los inversionistas confirmaron las sospechas de las autoridades.
El caso pone en evidencia la necesidad de reforzar la supervisión de esquemas financieros que operan bajo el atractivo de la tecnología blockchain y las criptomonedas, evitando que más personas sean víctimas de fraudes disfrazados de innovación tecnológica.
Las investigaciones en curso serán clave para determinar el destino de los recursos captados y las responsabilidades legales de los involucrados.
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