La histórica elección que viene: 2025, el año en que México votará por sus jueces, magistrados y ministros

El 2024 pasará a la historia como el año en que México eligió por primera vez a una mujer para la Presidencia, Claudia Sheinbaum Pardo, quien además se convirtió en la candidata más votada con 61 por ciento de participación ciudadana. Y ahora tenemos a la vuelta de la esquina al 2025, el cual se perfila para ser igual de trascendental, ya que los mexicanos saldremos a las urnas para decidir quiénes serán nuestros impartidores de justicia a nivel nacional.

Será el domingo 1 de junio cuando elijamos por primera vez a los jueces de Distrito, magistrados de Circuito y de los tribunales Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y de Disciplina Judicial, así como a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Esto derivada de una reforma presentada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador en febrero que entró en vigor en pleno aniversario del Inicio de la Independencia de México.

Es difícil recordar cuándo comenzó con exactitud la confrontación entre los poderes Ejecutivo y Judicial, sin embargo, basta con recordar aquel 5 de febrero de 2023, cuando la ministra presidenta de la SCJN, Norma Piña Hernández, no se puso de pie a la llegada de AMLO al Teatro de la República de Querétaro para conmemorar el aniversario de la Constitución de 1917, o la dos importantes reformas que la Corte echó para atrás por considerarlas inconstitucionales: la Ley de la Industria Eléctrica y el pase de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

A raíz de ello, el expresidente comenzó a exhibir los sueldos estratosféricos y privilegios que gozaban los altos mandos del Poder Judicial y luego soltó la bomba: una reforma constitucional para que además de que no ganarán mas que él, fuera el pueblo quienes eligiera a sus impartidores de justicia a fin de que éstos, al deberle el cargo a los ciudadanos, velarían por sus intereses y no por los de las élites.

La reforma generó un paro de labores de trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF), al cual pronto se sumaron jueces, magistrados y ministros, aunque al final tuvieron que volver a sus actividades tras una serie de amparos fallidos, la orden del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) y la ‘sugerencia’ de la presidenta Sheinbaum para que se les descontara del sueldo por no cumplir con sus obligaciones.

Tras la entrada en vigor de la reforma, vino la convocatoria del Senado de la República, donde se ordenaba a los Tres Poderes de la Unión formar cada uno un Comité de Evaluación de cinco personas con cargo honorario -sin sueldo-, quienes emitirían su propia convocatoria, reglas para registro de aspirantes y portal web para el mismo.

El Pleno de la Corte eligió al magistrado Wilfrido Castañón León, a la investigadora Mónica González Castro, la magistrada Emma Meza Fonseca, la magistrada Hortencia María Emilia Molina de la Puente y el jurista Luis Enrique Pereda Trejo. Por el Ejecutivo estaban el exministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, la abogada Mary Cruz Cortés Ornelas, el exconstituyente Javier Quijano Baz, la defensora Vanessa Romero Rocha y la jurista Isabel Inés Romero Cruz. Finalmente, el Legislativo optó por los abogados y cercanos a Morena, Ana Patricia Briseño Torres, Andrés Norberto García Repper Favila, Maribel Concepción Méndez de Lara, Maday Merino Damián y María Gabriela Sánchez García.

En noviembre comenzaron a registrarse los aspirantes a un cargo de elección popular dentro del Poder Judicial, quienes debían cumplir con requisitos como la nacionalidad y estudios en Derecho, promedio mínimo de 8 en la carrera y de 9 en las materias relacionadas con el puesto que buscan, cartas de recomendación y hasta un ensayo. En el caso de que los abogados ya trabajen en el PJF, éstos tendrán pase automático a la boleta si aspiran al mismo cargo; esta disposición en la reforma derivó en la renuncia de jueces, magistrados y 8 de los 10 ministros de la Corte, quienes abandonarán su puesto el 31 de agosto del próximo año.

De acuerdo con información de los tres comités, se registraron 25 mil 785 personas pero tras revisar que cumplieran con los requisitos de elegibilidad -en un proceso donde sólo el Ejecutivo y Judicial presentaron a tiempo sus listados-, al final solo 15 mil 539 pasaron a la siguiente etapa, donde se analizará la idoneidad para el cargo que buscan.

Los comités tienen hasta el 31 de enero de 2025 para tener sus listas, las cuales irán a una insaculación pública a fin de depurar las listas y obtener el total de aspirantes que irán a la boleta.

De acuerdo con la convocatoria, el 12 de febrero el Senado integrará, revisará y remitirá los listados finales al Instituto Nacional Electoral (INE), el cual destinará sólo 7 mil millones de pesos para ejecutar la elección; la campaña de los candidatos inicia el 30 de marzo y termina el 28 de mayo, y en ella sólo podrán usarse los tiempos públicos pero no se recibirá financiamiento de ningún tipo, además de que los servidores tienen prohibido pronunciarse en favor o en contra de algún aspirante.

La elección, como ya sabemos, será el 1 de junio y el INE será el encargado de dar a conocer los resultados y entregar las constancias de mayoría a los ganadores, quienes entrarán en funciones el 1 de septiembre de 2025.

Vale recordar que en estos comicios se elegirá la mitad de los puestos del PJF y en 2027 será la elección del resto, según la convocatoria. De acuerdo con el INE, ese domingo se votará por:

• 9 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
• 2 magistraturas de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
• 15 magistraturas de las Salas Regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
• 5 integrantes del recién creado Tribunal de Disciplina Judicial
• 464 magistraturas de circuito
• 386 personas juzgadoras de Distrito