Genaro García Luna no ha pagado la multa impuesta por la justicia estadounidense: ¿qué implicaciones podría tener?

El ex secretario de Seguridad Pública de México, Genaro García Luna, quien fuera pieza clave en la llamada “guerra contra el narcotráfico” durante el gobierno de Felipe Calderón, continúa enfrentando las consecuencias legales de su caída en desgracia.

Tras ser sentenciado en octubre a 38 años de prisión por colaborar con el Cártel de Sinaloa, fue trasladado recientemente a la penitenciaría de alta seguridad UPS Lee, en el estado de Virginia.

El cambio de prisión, gestionado por su equipo de abogados, se produjo después de que denunciaran riesgos para su seguridad en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, Nueva York, de acuerdo con información publicada por el periodista Arturo Ángel en el diario Milenio.

Según su defensa, las condiciones de ese penal, incluidas riñas violentas y la muerte de reclusos en los últimos meses, habían puesto en peligro la vida del exfuncionario. Ahora, García Luna enfrenta su nueva realidad en un centro penitenciario de máxima seguridad, donde cumplirá su condena hasta el año 2053.

Información del medio antes citado revela que el exfuncionario tampoco ha pagado la multa de dos millones de dólares que le fue impuesta como parte de su sentencia por un tribunal federal en Nueva York.

Su equipo de abogados indicó que dicha sanción no ha sido cubierta hasta el momento debido a la falta de recursos económicos suficientes.

El monto de la multa fue determinado por el juez Brian Cogan tras considerar las acusaciones contra García Luna, las pruebas presentadas por la fiscalía y el análisis de sus finanzas y bienes.

Durante el juicio, testigos protegidos, exmiembros del Cártel de Sinaloa y documentos presentados por la fiscalía revelaron que García Luna recibió millones de dólares en sobornos a cambio de proteger las operaciones del grupo criminal. Este dinero, en teoría, era parte de sus ingresos personales y fue un factor clave en el enriquecimiento que acumuló durante su tiempo al frente de la SSP (2006-2012).

La justicia estadounidense suele imponer multas en función de los beneficios económicos obtenidos por los acusados a través de sus actividades delictivas. En el caso de García Luna, las autoridades argumentaron que su colaboración con el cártel le permitió amasar una fortuna considerable, utilizada para adquirir propiedades de lujo y mantener un estilo de vida opulento.

Este tipo de multas también buscan garantizar que los acusados no puedan seguir beneficiándose de las ganancias ilícitas obtenidas en el pasado, además, se le impuso luego de descartar que careciera de recursos según estados bancarios que presentó.

Si Genaro García Luna no paga la multa de dos millones de dólares impuesta por el juez Brian Cogan como parte de su sentencia, podría enfrentar varias repercusiones legales, financieras y prácticas dentro del sistema judicial de Estados Unidos.

Según el sistema judicial de ese país, los condenados que no cumplen con las sanciones económicas impuestas como parte de su sentencia enfrentan estos escenarios posibles:

• Imposibilidad de acceder a beneficios penitenciarios: Si en algún momento García Luna busca reducir su sentencia o acceder a beneficios, como un cambio de régimen penitenciario o una libertad supervisada en sus últimos años, las autoridades podrían tomar en cuenta el incumplimiento de la multa como un factor negativo.
• Embargo de bienes: Si las investigaciones en curso logran ubicar bienes o cuentas a nombre de García Luna, estas podrían ser sujetas a embargo para cubrir la deuda.
• Intereses acumulados: La multa impuesta podría generar intereses y cargos adicionales en caso de no ser cubierta en el plazo estipulado, incrementando el monto adeudado.
  

El caso de García Luna sigue lejos de concluir. En octubre pasado, su abogado defensor, Cesar de Castro, presentó una apelación ante una Corte del Segundo Circuito en Nueva York en contra del veredicto de culpabilidad. Este recurso busca anular o reducir los cargos que llevaron a su condena, aunque el proceso podría extenderse hasta el primer semestre de 2025.

El impago de la multa resalta otro aspecto relevante del caso: las acusaciones relacionadas con el enriquecimiento ilícito de García Luna durante su gestión pública. Según la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México, el exsecretario y su familia adquirieron al menos 19 propiedades en Estados Unidos con recursos provenientes de hechos de corrupción.

El Gobierno de México ha interpuesto una demanda civil en el estado de Florida para intentar recuperar estos activos, cuyo valor aproximado asciende a 600 millones de dólares. Hasta el momento, las propiedades permanecen bajo embargo precautorio mientras se resuelve la apelación.