La Plaza Izazaga 89 es un lugar conocido como “la plaza de los chinos”, pues se venden productos provenientes desde Asia a un costo muy bajo, así que era el sitio favorito de muchos mayoristas para surtir sus negocios.
Después de que se realizara un operativo el 28 de noviembre, se incautaron más de 260 mil piezas de mercancía que ingresaron ilegalmente al país. La falta de permisos adecuados para la unión de los inmuebles fue un factor determinante en la decisión de las autoridades para cerrar temporalmente la plaza.
Ya que el sitio ha despertado mucho interés por parte de quienes lo frecuentaban, surge la curiosidad de saber quiénes lo administran. Los dueños de la Plaza Izazaga 89 son la inmobiliaria Arel S.A. de C.V y la inmobiliaria Marly S.A.
Hace casi una década, ambas inmobiliarias firmaron un contrato de arrendamiento con la Fiscalía General de Justicia de la CDMX para albergar unidades como la Fiscalía para la Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos y el Centro de Apoyo Socio Jurídico a Víctimas del Delito Violento (ADEV1).
Estas unidades estaban en el piso 5 y 15 de Izazaga 89, además de 80 espacios de estacionamiento, el contrato se extendió desde el 26 de septiembre de 2008 hasta el 1 de octubre de 2020, el precio de la renta implicaba un pago mensual de 1 millón 658 mil 405.47 pesos, de acuerdo con el documento FGJCDMX-029/2020, dicho contrato estuvo representado por Salomón Mercado Bazbaz.
Qué pasará con la Plaza Izazaga 89
El Gobierno de la Ciudad de México ha anunciado que la plaza Izazaga 89 podrá reanudar sus actividades comerciales si el propietario cumple con los trámites necesarios para regularizar el uso de dos inmuebles en el Centro Histórico.
Durante una conferencia de prensa el 3 de diciembre, el secretario de Gobierno, César Cravioto, explicó que la suspensión de la plaza fue ejecutada por varias entidades gubernamentales, incluyendo la Secretaría de Gobierno (SEGOB), el Instituto de Verificación Administrativa (INVEA), la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) y la Consejería Jurídica y de Servicios Legales. Estas instituciones determinaron que el propietario no contaba con la documentación necesaria para unir los dos predios, lo que llevó a la suspensión de las actividades del lugar.
El operativo que llevó a la suspensión fue una acción conjunta de autoridades capitalinas y federales, que además de la incautación de mercancía, resultó en la presentación de una denuncia por extinción de dominio ante la Fiscalía General de la República (FGR).
Cravioto detalló que para que la plaza Izazaga 89 pueda volver a operar, el propietario debe completar los trámites requeridos para acreditar el funcionamiento legal de los dos inmuebles. Este proceso es esencial para garantizar que las actividades comerciales en el lugar se realicen conforme a la normativa vigente.
Las autoridades han enfatizado que el cumplimiento de estas normativas es crucial para el desarrollo ordenado y seguro de las actividades comerciales en el Centro Histórico de la Ciudad de México.