En 2019 un grupo armado secuestró a una mujer -consumidora de drogas- en la Zona Metropolitana de Guadalajara; sus captores la tuvieron varios días retenida, la torturaron para que les dijera quien había matado a un narcomenudista de la región. Sus plagiarios estaban seguros que ella tenía información porque quien le vendía la droga era conocido del conocido del asesino: la mujer -rescatada días después por la policía local- se convirtió en una informante forzada y una de las miles de víctimas de desaparición en Jalisco.
De los 119 mil 116 reportes de personas desaparecidas y no localizadas, 14 mil 974 se registran en Jalisco -epicentro de las desapariciones-, según datos obtenidos de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB).
La mujer de Guadalajara entró en las estadísticas de las personas localizadas con vida en Jalisco: 7 mil 851, pero su caso no es único. En ese mismo año dos camionetas con 11 hombres fuertemente armados llegaron hasta una carpintería en el municipio de El Salto; buscaban al propietario, pero logró escapar; suerte que no tuvieron tres de sus trabajadores, quienes fueron secuestrados y torturados para ‘sacarles información’.
Los casos son retomados del trabajo de un grupo de académicos y periodistas de Jalisco enfocados en la crisis de desaparecidos que enfrenta la entidad, dirigidos por Jorge Ramírez, Josseph Olid y Lauro Rodríguez, destacan que el crimen organizado está desapareciendo a personas para obtener información de ellas, convirtiéndolas en “informantes forzados”.
Entre su análisis destacan:
- Múltiples víctimas, ya sea por impunidad o para garantizar la obtención de información
- Desapariciones progresivas, pues unos informantes forzados delatan a otros, provocando una cadena
- Uso de la tortura para obtener información
- Pocas víctimas son localizadas con vida
Víctimas equivocadas de desaparición
Uno de los casos que más resonaron en todo el país es el relacionado con Salomón Aceves, Marco García y Daniel Díaz, capturados por el Cártel jalisco Nueva Generación (CJNG) al ser confundidos con miembros de un grupo rival. Según las investigaciones del caso, los jóvenes habrían sido asesinados y sus cuerpos disueltos en ácido.
Otro caso emblemático es el de Eduardo Salomón Puertos, un adolescente de 16 años que fue secuestrado y asesinado en Tlajomulco de Zúñiga, el municipio con más fosas clandestinas durante la administración de Enrique Alfaro: de los 169 entierros ilegales que reconoce la Fiscalía General del Estado (FGE), 70 fueron halladas -en su mayoría por colectivos de búsqueda- en dicha demarcación.
Eduardo logró esconder a sus hermanos en el baño y llamar a sus papás antes de que los sujetos armados se lo llevaran de su casa. “No abras la puerta” le dijo su padre y él respondió “Ayúdame papá”.
Las investigaciones del caso que llevaron a la detención de tres presuntos responsables concluyeron que sus captores lo “confundieron” con otra persona.
“La hipótesis de la confusión suele aparecer al inicio de la investigación policiaca y no conducir a mayores avances en la resolución de casos: parece evitar la revictimización y exculpa moralmente a los causantes”, dice el reporte de los académicos de Jalisco.
El sexenio de los desaparecidos
Colectivos de búsqueda de Jalisco dan cuenta de más de 9 mil personas desaparecidas en la entidad desde la llegada de Enrique Alfaro al poder: más de la mitad de las víctimas habrían ocurrido en el que ya llaman “El sexenio de los desaparecidos”.
En varios casos documentados por este medio se apunta a la participación del CJNG y de las policías locales en algunas desapariciones, agregándoles la etiqueta de forzadas, por la participación de las fuerzas del Estado, coludido con el crimen organizado, en el agravamiento de la crisis que enfrenta Jalisco.
Entre las cerca de 15 mil denuncias de desaparición en Jalisco se encuentran “Informantes forzados” y “víctimas equivocadas”, dos grupos a los que parece no dárseles la importancia adecuada pese a los patrones que siguen sus casos: presencia criminal, búsqueda de información, desinterés de las autoridades, confusión y cercanía a focos rojos de violencia e inseguridad.
En agosto de 2023 cinco jóvenes (Roberto Olmeda Cuellar, Jaime Martínez Miranda, Diego Lara Santoyo, Uriel Galván González y Dante Cedillo Hernández) desaparecieron en el municipio de Lagos de Moreno; horas después del plagio se difundió un video en el que se observa presuntamente a uno de los muchachos siendo obligado a asesinar a los demás.
De la tragedia en Lagos de Moreno ya transcurrió más de un año y sus familiares siguen sin conocer el paradero de sus hijos; tampoco saben por qué fueron ‘levantados’, si los confundieron, querían sacarles información o obligarlos a sumarse a las filas del CJNG, otro de los motivos detrás de la crisis de desaparecidos del sexenio de Enrique Alfaro.
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