La Cámara de Diputados anunció que, tras el cómputo de los votos favorables de la mayoría de las legislaturas estatales y de la Ciudad de México, se emitió la declaratoria oficial de la reforma constitucional que reduce la edad para recibir una pensión no contributiva (del bienestar) a los 65 años, así como la extensión de este beneficio a personas con discapacidad y proporcionar apoyo a campesinos y pescadores.
Conforme a lo aprobado, se estipula que las personas, a partir de los 65 años tendrán derecho a recibir una pensión. Además, se establece que tanto el gobierno federal como los estatales deberán garantizar la entrega de una pensión social a personas con discapacidad permanente menores de 65 años.
Además, el Estado se compromete a asegurar la rehabilitación y habilitación de estas personas, priorizando a los menores de dieciocho años, en los términos que fije la ley.
El Estado deberá destinar recursos presupuestarios suficientes y oportunos para garantizar estos derechos, asegurando que el monto asignado no se reduzca en términos reales respecto al ejercicio fiscal anterior.
Sembrando Vida también es declarado constitucional
En cuanto al artículo 27, se menciona que el Estado garantizará un jornal seguro, justo y permanente a los campesinos que cultiven sus tierras con árboles frutales y maderables, además de proporcionar fertilizantes gratuitos y apoyo anual a pescadores de pequeña escala.
También se mantendrán precios de garantía para productos como el maíz, frijol, leche, arroz y trigo harinero.
El régimen transitorio del decreto establece que el Congreso de la Unión tiene un plazo de 180 días naturales para aprobar las leyes o modificaciones necesarias. Por su parte, las legislaturas estatales deberán realizar las adecuaciones normativas correspondientes en el mismo plazo tras la publicación del decreto.
Finalmente, se aclara que las erogaciones derivadas del decreto se realizarán con cargo a los recursos presupuestarios aprobados por la Cámara de Diputados, sin autorizar ampliaciones a los presupuestos de egresos.
En lo que va de la actual Legislatura, el Congreso de la Unión aprobó reformas constitucionales que buscan mejorar el bienestar social. Estas modificaciones, que afectan los artículos 4º y 27 de la Constitución Política, tienen como objetivo principal blindar los programas sociales establecidos por la administración anterior.
Durante una sesión presencial, la secretaria de la Mesa Directiva, la diputada Julieta Villalpando Riquelme, de Morena, informó sobre la recepción de 22 votos aprobatorios de diversas legislaturas estatales, incluyendo Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Colima, Durango, Hidalgo, México, Michoacán de Ocampo, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz de Ignacio de la Llave, Yucatán, Zacatecas y la Ciudad de México.