Información pública está en el limbo por falta de una aclaración a la ley que Morena busca aprobar. Falta de diálogo y análisis son denuncias que han hecho organizaciones civiles, especialistas y los comisionados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) respecto a la extinción de este organismo que durante años ha almacenado miles de datos públicos e información que destaparon actos de corrupción.
La semana pasada, los diputados federales, en su mayoría de Morena, PVEM y PT, votaron a favor de la reforma que busca eliminar siete organismos autónomos, entre ellos al INAI, con el argumento de su alto costo, aún cuando los recursos que se le destinan no representan un impacto significativo al presupuesto federal; y que no ayuda a combatir la corrupción, cuando esa no es su función, pues no tiene la facultad para enjuiciar contra los servidores públicos que incurren en un acto irregular.
En este sentido, especialistas y organizaciones civiles aseguraron que la base de datos del INAI contiene cerca de 15 millones de datos públicos, de los diferentes niveles de gobierno, locales, estatales y federales; los cuales se encuentran en el Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia (SIPOT) y que está en riesgo de desaparecer ante la falta de una precisión de los legisladores.
La reforma aprobada por 332 votos la tarde del 21 de noviembre, no especifica cuál será el destino de estos datos hasta que oficialmente sea integrada la Secretaría Anticorrupción, dependencia ligada al Poder Ejecutivo encargada de realizar las funciones que ahora tiene el INAI, en su lugar se da un plazo máximo de 90 días para que el Congreso de la Unión y los Congresos locales realicen las adecuaciones necesarias para dar cumplimiento a la reforma.
Lo único que se hace referencia sobre los “materiales y plataformas” específica que pasarán a formar parte de las dependencias del Ejecutivo Federal, sin embargo, la reforma para crear la Secretaría Anticorrupción y otras no ha sido aprobada, ni cuáles serán sus facultades, de igual modo los legisladores tendrán un plazo para responder a su forma de proceder.
Por tanto, ante el limbo en que se encuentra la información y el riesgo a desaparecer, Artículo 19 junto con otras organizaciones civiles han ‘levantado la mano’ para que sean ellas quienes resguarden la información, hasta que exista claridad sobre cuándo y cómo la Secretaría Anticorrupción va a preservar los datos públicos que están a disposición de la ciudadanía. Leopoldo Maldonado, director de Artículo 19, compartió que se están analizando los aspectos legales y técnicos para que ello pueda llevarse a cabo ante la incertidumbre de qué va a pasar.
“Para ser más precisos: brindar respaldo técnico para la transición de la plataforma (de transparencia) a la dependencia que se encargará de administrarla”, reveló a Infobae México Leopoldo Maldonado al ser cuestionado sobre la declaración hecha por la comisionada Julieta del Río, del INAI.
La semana pasada, en entrevista con Ciro Gómez Leyva, la comisionada aseguró que los datos públicos y personales podrían ser vulnerados en caso de que no haya un escenario más claro sobre qué pasará durante los próximos 90 días, antes de que se reformen las leyes necesarias para la operación de la Secretaría Anticorrupción.
“No le vamos a entregar los datos de la plataforma de los sujetos obligados (...) dependerá de las instituciones. Los organismos garantes locales les comunicamos y nosotros les advertimos los datos no son de ustedes no podemos entregárselos a ustedes (...). Hay cuatro partes de la plataforma y dos son públicas, Artículo 19 y otras organizaciones civiles nos han pedido donación (se refiere al resguardo) del sistema de portales, del SIPOT, de los que son públicos”, dijo Julieta del Río el pasado 21 de noviembre.