Advierte INAI retrocesos en la gestión pública y en la democracia tras desaparición del organismo

Luego de la aprobación en lo general -este miércoles 20 de noviembre- del dictamen que plantea la extinción de siete organismos autónomos, como el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), la comisionada de este órgano, Norma Julieta del Río, calificó esta reforma como un retroceso en términos de gestión pública y una regresión en la democracia misma.

En un artículo de opinión publicado este jueves en la revista Proceso, Del río explica que, tras la aprobación de la reforma, también desaparece -implícitamente- la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), que ha sido fundamental para garantizar que la ciudadanía tenga acceso a información de origen que es indispensable para ejercer derechos sociales, prestacionales y patrimoniales.

La comisionada del INAI explicó que esta herramienta concentra la información generada y gestionada por 7 mil 407 sujetos obligados -aquellas entidades públicas y privadas que, por ley, deben proporcionar información pública o proteger datos personales-.

De estos, 723 son federales y sólo 270 son autoridades del poder Ejecutivo. Del Río subrayó que la PNT es la base de datos más grande con la que cuenta nuestro país y la consideró un bien nacional.

Destacó que la plataforma, durante ocho años, ha logrado centralizar la transparencia eficientemente, con altos estándares de seguridad, pues nunca ha sido hackeada, a pesar de que registró más de 270 millones de intentos de ciberataques, mismos que han sido bloqueados. Del río agregó que con la desaparición del INAI, la plataforma sería obsoleta en poco tiempo y dejaría de alimentarse con información actualizada.

Durante una charla en la Universidad Panamericana campus Guadalajara, la comisionada consideró que la plataforma “no puede ni debe” pasar al poder Ejecutivo porque sólo una parte de su contenido le pertenece. Según han calculado especialistas, la PNT contiene 15 mil millones de archivos, lo que equivale a 40 veces el resguardo del Archivo General de la Nación.

De acuerdo con una investigación de la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, el INAI recibe diariamente alrededor de 900 solicitudes del ámbito federal y se presentan 52 quejas porque es denegado el acceso a la información que éstas solicitan. De acuerdo con la asociación civil, la PNT ha centralizado y optimizado la gestión de solicitudes a la federación, estados y municipios, consolidando más de un millón de trámites anuales y permitiendo un crecimiento promedio de 147% en la demanda ciudadana.

En este tenor, la organización resalta que este dictamen no sólo implica un cambio administrativo, sino la pérdida de una institución del estado que ha mediado entre los ciudadanos y el poder político, asegurando que la información pública y la protección de los datos personales no dependan de la voluntad discrecional de las autoridades.

Con la pérdida del INAI, agrega Mexicanos Contra la Corrupción, se regresa a un escenario donde el acceso a la información depende, en gran medida, de la voluntad de las mismas instituciones que en repetidas ocasiones se han mostrado reacias a la transparencia.

“Sin un intermediario autónomo, los ciudadanos quedan expuestos a un proceso de opacidad y discrecionalidad, en el que cada solicitud de información podría ser recibida y evaluada según los intereses del gobierno en turno”, se lee en el documento.

Este miércoles, en la Cámara de Diputados fue aprobado en lo general el dictamen que plantea la extinción de organismos autónomos como el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI). La votación fue de la siguiente manera: 347 a favor, 128 en contra y 0 abstenciones.

Además del INAI, el proyecto de reforma contempla la desaparición de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y el Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación (Mejoredu).