La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad el dictamen que reforma el artículo 21 de la Constitución Política de México en materia de seguridad pública, con la cual se ampliarán las facultades de investigación de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana a cargo de Omar García Harfuch.
El proyecto de dictamen obtuvo 37 votos a favor y ahora será discutido en el Pleno de la Cámara de Diputados, donde se espera que Morena y sus aliados logren las dosterceras partes de la votación.
El dictamen establece que la investigación de delitos será responsabilidad del Ministerio Público, la Secretaría de Seguridad Pública del Ejecutivo Federal, la Guardia Nacional y las policías, cada una dentro de su ámbito de competencia.
Estas instituciones actuarán bajo la dirección del Ministerio Público en el ejercicio de sus funciones, según informó la comisión.
Además, se contempla que los fondos federales destinados a la seguridad pública se asignarán a las entidades federativas y municipios, con el propósito exclusivo de fortalecer este sector. Estos recursos serán auditados y supervisados por el Sistema Nacional de Seguridad, a través del Secretariado Ejecutivo, para asegurar su uso adecuado.
El Secretariado Ejecutivo tendrá la facultad de ampliar las bases, emitir acuerdos y lineamientos, y realizar acciones necesarias para la homologación de estándares y criterios. Su objetivo es lograr una coordinación eficiente, transparente y responsable entre los tres órdenes de gobierno, siempre alineados con los fines del Sistema y los objetivos de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública.
La Secretaría de Seguridad Pública será la encargada de formular, coordinar y dirigir la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, así como los programas, políticas y acciones correspondientes.
Además, asistirá a la Presidencia de la República en funciones de seguridad nacional y coordinará el Sistema Nacional de Inteligencia en Materia de Seguridad Pública, conforme a lo que establezca la ley.
En cuanto a la colaboración entre los tres órdenes de gobierno, la Secretaría podrá coordinar acciones a través de las instituciones de seguridad pública, que deberán proporcionar la información disponible o recabada en la materia, conforme a la ley.
También podrá solicitar información a las instituciones y dependencias del Estado para identificar y esclarecer hechos presuntamente delictivos.
Una vez aprobada la reforma por el Congreso de la Unión y al menos 17 legislaturas locales, las comisiones de Seguridad Ciudadana, Justicia y Gobernación de San Lázaro tendrán la responsabilidad de trabajar en las leyes secundarias de manera expedita.
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