Semana crucial para INAI y más organismos autónomos; Pleno de la Cámara de Diputados aprobará su desaparición

El pasado 5 de febrero, el expresidente Andrés Manuel López Obrador envió al Congreso de la Unión el último paquete de 20 iniciativas de su sexenio, entre las cuales se encontraba una que busca la extinción de siete organismos constitucionalmente autónomos, a los cuales tachó de haber sido creados en el periodo neoliberal para favorecer a intereses ajenos a los del pueblo, además de ser costosos para el gobierno.

AMLO propuso desaparecer dichas entidades y que sus funciones fueran absorbidas por algunas secretarías de Estado y otras dependencias gubernamentales:

1. Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) -> Secretaría de Economía (SE)
2. Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) - > Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT)
3. Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) -> Secretaría de la Función Pública (SFP, ahora Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno), contralorías y órgano de control y disciplina del Poder Judicial para para acceso a la información, transparencia y protección de datos; tutela de partidos políticos al Instituto Nacional Electoral (INE) y sindicatos al Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral y al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje; protección de datos personales en posesión de particulares, al Ejecutivo Federal
4. Consejo Nacional de Evaluación de Política de Desarrollo Social (Coneval) -> Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi)
5. Comisión Reguladora de Energía (CRE) -> Secretaría de Energía (Sener)
6. Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) -> Secretaría de Energía (Sener)
7. Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu) -> Secretaría de Educación Pública (SEP)

Es importante recordar que todos estos organismos constitucionalmente autónomos nacieron como contrapeso al gobierno a fin de evitar el abuso del ejercicio del poder público y se encuentran al margen de cualquiera de los tres Poderes de la Unión aunque sí forman parte del Estado y por ello su presupuesto proviene de las arcas federales; por ello, la reforma de AMLO resulta contradictoria a la naturaleza y función de los mismos, por ello los propios organismos así como expertos han advertido de una futura crisis si llegan a extinguirlos.

“Estas instituciones están lejos de ser perfectas. Seguramente existen malas prácticas de gasto, es necesario fortalecer la profesionalización de sus servidores o mejorar procesos. Y eso es lo grave: sin un debate informado -que considere las características de cada institución-, sin evidencia y sin diagnóstico, ¿qué reformas administrativas se pueden proponer? Solo aquellas destinadas al fracaso, con las consecuencias que eso tiene para la ciudadanía y para la vida democrática del país”, advirtió hace unas semanas el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).

Esta iniciativa fue ampliamente respaldada por la entonces presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, así como por funcionarios y ciudadanos afines a la Cuarta Transformación (4T); sin embargo, no pudo ser aprobada antes de que terminara el sexenio de AMLO y a finales de agosto se quedó sólo en las comisiones de la Cámara de Diputados. Ahora, con la llegada de la nueva legislatura se volvió a incluir en la lista, pero a esta reforma le antecedieron otras prioritarias, como la del Poder Judicial o la de la Guardia Nacional.

Pese a los intentos de los comisionados del Inai y el resto de los organismos autónomos por evitar su desaparición, ni la presidenta ni el Congreso de la Unión quitaron el dedo del renglón y, tras varias semanas aplazándose, será el miércoles 20 de noviembre cuando el Pleno de la Cámara de Diputados analice y vote por la extinción de los mismos, ya que el oficialismo, es decir, Morena y sus aliados, los partidos Verde Ecologista de México (PVEM) y del Trabajo (PT) cuentan con mayoría calificada (364 curules).

Sin embargo, el coordinador de Morena en la cámara baja, Ricardo Monreal Ávila, advirtió la semana pasada que aunque es inminente la desaparición de organismos como el Inai, es probable que haya algunas ‘modificaciones’ al dictamen, aunque no precisó cuáles; dijo que se ha reunido con funcionarias y funcionarios de varios organismos autónomos que han solicitado audiencia, “y de ahí ha surgido la inquietud de modificar y de enriquecer”.

Una vez que en la Cámara de Diputados se avale esta reforma propuesta por AMLO, pasará al Senado de la República, donde se deberá analizar y votar primero en comisiones y después en el Pleno. Aquí también se prevé que sea aprobada, aunque de manera más apretada, ya que Morena y aliados si bien no tienen mayoría calificada, algunos legisladores de la oposición ya han votado de manera afín al oficialismo en pasadas ocasiones.

Cuando la cámara alta apruebe el dictamen, éste pasará a los congresos estatales, ya que al tratarse de una reforma constitucional, necesita el avala de 2/3 partes de las legislaturas locales. Si lo consigue, el texto es devuelto al Congreso de la Unión para declararlo válido y se le envía a la presidenta Claudia Sheinbaum, quien deberá promulgarlo y publicarlo en el Diario Oficial de la Federación (DOF).