Durante una sesión privada celebrada el 24 de octubre, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aprobó su Proyecto de Presupuesto de Egresos para 2025, en el que se contempla la reducción salarial de 330 altos funcionarios de este tribunal, incluidos los 11 ministros. Lo anterior, para cumplir con la orden de la reforma judicial que señala que las remuneraciones de los funcionarios judiciales deben ser menores a los de la persona que presida el poder ejecutivo federal.
Así, los ministros verán una disminución de 48% en sus remuneraciones en el proyecto de presupuesto del año entrante. Si éste se aprueba en el Congreso, significa que, para 2025, los ministros ganarán 2.8 millones de pesos anuales y no los 5.5 millones anuales que percibían hasta 2024. Esta reducción también será efectiva para: titulares de órganos, secretario general de Acuerdo, secretarios de Estudio y Cuenta, directores generales y coordinadores de Ponencia. Teniendo esto en cuenta, los ministros percibirían 4 mil 786 pesos menos que la presidenta Claudia Sheinbaum, de manera neta, anualmente.
De acuerdo con un comunicado de prensa de la SCJN, para el año entrante y a partir de un riguroso ejercicio de planeación, programación y presupuestación, se identificaron los recursos indispensables para atender los requerimientos humanos, materiales y financieros que le permitan cumplir con sus responsabilidades, apegados rigurosamente a los parámetros de racionalidad, austeridad, efectividad y contención del gasto que se han aplicado desde el ejercicio fiscal 2023.
Así se distribuirán los recursos
El proyecto económico presentado se construyó con base en la configuración organizacional actual de la Suprema Corte y con las necesidades operativas respecto de esa configuración, considerando que estará sujeta, en su caso, a la legislación reglamentaria y secundaria, lo que podría implicar ajustes en el transcurso del próximo ejercicio fiscal.
Para 2025 la corte solicitará un presupuesto de 5 mil 922.9 millones de pesos, lo que representa una disminución de 1.4% en términos reales —considerando la inflación estimada por el Banco de México para el cierre de 2024—. Este monto es 23.7% menor en términos reales al que le fue autorizado a la Suprema Corte en 2018.
Para el rubro de servicios personales se destinarán 8 de cada 10 pesos solicitados, pues la clave para cumplir con la impartición de justicia es el factor humano. De acuerdo con la SCJN, del total de las 3,805 plazas vigentes, dos terceras partes corresponden a personas servidoras públicas que se desempeñan directamente en labores jurisdiccionales y de apoyo a la función jurisdiccional.
El recorte más drástico en la última década
En este contexto, cabe señalar que para 2024, la Cámara de Diputados hizo el recorte más grande de, por lo menos, la última década, a los recursos solicitados por la Suprema Corte, equivalente a 321.9 millones de pesos (5.3% de lo solicitado), de acuerdo con un comunicado de la SCJN.