Organizaciones civiles rechazan extinción del INAI: “No confiamos en que el gobierno pueda vigilarse a sí mismo”

Las organizaciones de la sociedad civil se han sumado a la solicitud de que el gobierno federal y el partido mayoritario en el Congreso de la Unión discutan y reconsideren la extinción del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), el cual, desde su creación, se ha fortalecido para garantizar el acceso a diversos derechos humanos.

Damaris Espinoza, coordinadora de incidencia en Accionar.io, y Juan Manuel Casanueva, director de SocilTIC, explicaron que desde los inicios del INAI se promovió la creación de un organismo autónomo en los aspectos técnicos, jurídicos, de gestión y presupuestales, con el fin de evitar los favoritismos y la discrecionalidad que podría haber desde el gobierno, sin importar quién esté en el poder. Como prueba de su relevancia, se podría mencionar que en los últimos cuatro sexenios el INAI desempeñó un papel fundamental en la lucha contra la corrupción en instituciones nacionales y gobiernos locales; incluso antes de la creación del entonces IFAI, “lo que se sabía del gobierno era a través de filtraciones”.

“Una vez que, tras muchos esfuerzos y la promoción de este derecho, se crea el INAI, se buscó que este instituto fuera autónomo, que no tuviera un jefe vinculado al Poder Ejecutivo y que no estuviera sujeto a su influencia. Esto fue clave para garantizar que pudiera exigir la entrega de información de manera imparcial, conforme a la ley, sin favoritismos ni discrecionalidad, independientemente de quién esté en el poder”, comentó Juan Manuel Casanueva en entrevista con Infobae México.

Sobre la actual propuesta de reforma del expresidente Andrés Manuel López Obrador, que se discutirá el miércoles 13 en el Congreso, Damaris Espinoza expresó su preocupación por la ambigüedad en cuanto al procedimiento para solicitar la transparencia de la información. También señaló que no está claro cuáles serían las medidas de defensa en caso de que una solicitud no sea atendida, y cómo se garantizaría que las autoridades gubernamentales estén obligadas a proporcionarla.

Ante este panorama, Damaris Espinoza manifestó su desconfianza en que el gobierno pueda autorregularse de manera efectiva, además de que no se plantea una ruta clara para que, a nivel estatal y local, las autoridades brinden la información solicitada. Precisó que en la actualidad, el INAI facilita la promoción de quejas de revisión en caso de que la información solicitada no sea entregada, obligando a las autoridades a cumplir con la ley.

“Las autoridades están obligadas a entregar la información solicitada, e incluso la plataforma del INAI prevé un mecanismo muy valioso para cuando no se cumple con esta obligación. Si las autoridades no entregan la información, cualquier ciudadano puede promover un recurso de revisión, lo que obliga a las autoridades a proporcionarla. Sin embargo, si el INAI deja de existir y la reforma, que presenta muchas ambigüedades, entra en vigor, habrá muchas situaciones sin resolver. No sabemos cómo se manejarán esas situaciones. Además, no confiamos en que el gobierno pueda vigilarse a sí mismo en el marco de esta autorregulación que se propone”, afirmó la coordinadora de incidencia en Accionar.io.

Por su parte, el director de SocilTIC destacó que, frente al problema de la corrupción, que no es nuevo en la política mexicana, una de las principales herramientas para contrarrestarla es la transparencia. Sin embargo, recalcó que los encargados de garantizar el derecho a la información deben ser independientes del poder, imparciales, y no estar sujetos a decisiones políticas que determinen qué se puede o no hacer transparente.

No obstante, este no es el único problema pendiente, ya que, como se ha señalado anteriormente, no existe claridad sobre lo que ocurrirá una vez que se apruebe la reforma para extinguir al INAI. Esto coloca en un limbo los poco más de 15 mil millones de datos públicos, que incluyen desde sueldos de funcionarios hasta el uso del presupuesto, y que han sido transparentados gracias al INAI.

“La plataforma también ha sido un gran avance en temas de datos públicos. Se prevé que, sin el INAI, más de 15,000 millones de datos quedarían inaccesibles, lo que incluiría información relacionada con presupuestos y sueldos de funcionarios públicos, entre otros. Esto afectaría tanto al gobierno federal como a los estados. Es una situación preocupante, ya que, ante una posible concentración de poder, no sabríamos a dónde acudir para acceder a esa información”, señalaron los especialistas.