Entre enero y septiembre mil 60 personas han sido asesinadas en Guerrero, el estado testigo envuelto en una ola de violencia generada por organizaciones criminales rivales que se disputan el control de plaza, una de las históricamente codiciadas por el narco mexicano.
en menos de una semana Guerrero sumó cuatro masacres, que dejaron un total de 25 víctimas; la más atroz, la perpetrada contra cuatro niños, dos mujeres y cinco hombres, cuyos cuerpos fueron dejados en una camioneta blanca la noche del 6 de noviembre en Chilpancingo. Las víctimas eran parte de las 17 personas desaparecidas entre el 21 y 27 de octubre.
Tan solo en lo que va de noviembre, la entidad ya concentra 44 víctimas de homicidio doloso, según el reporte diario generado por dependencias de seguridad locales y federales.
En respuesta a la ola de violencia que mantiene a Guerrero como uno de los estados más violentos, el secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, anunció el despliegue de 12 mil 675 elementos de las Fuerzas Armadas para ayudar a labores de seguridad pública.
¿No hay militarización?
De acuerdo con Trevilla Trejo, se trata de 4 mil 201 elementos del Ejército Mexicano y 8 mil 474 de la Guardia Nacional, quienes han llegado a Guerrero para realizar operativos, patrullajes y han participado en confrontación con grupos criminales.
La cantidad de militares enviados a Guerrero es superior a la capacidad del Auditorio Nacional, el recinto del Paseo de la Reforma que en un lleno total es capaz de albergar a 10 mil asistentes.
El envío de militares a las zonas de conflicto como Michoacán, Sinaloa y Guerrero ha sido una constante durante el primer mes de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, aún cuando ha advertido que no regresará “la guerra contra el narco” de Felipe Calderón y que su estrategia de seguridad no es sinónimo de militarización del país”.
Al respecto, especialistas señalan que no puede llamársele de otra manera, que con el paso de la Guardia Nacional a la Sedena (hoy llamada Defensa) se consolidó la militarización de la seguridad pública nacional y que esa tarea es sólo una de las más de 300 atribuciones civiles entregadas por la Cuarta Transformación a los militares.
Para René Gerez López, abogado e investigador de la organización Causa en Común, el problema de la militarización va más allá del tema de la seguridad pública; también implica la violación a los derechos humanos y la impunidad en casos que involucran a miembros de las Fuerzas Armadas.
“Las Fuerzas Armadas tienen sus propios tribunales castrenses, y ahora la Guardia Nacional pertenece a la Sedena; y hemos visto muchos casos en los que la Guardia Nacional y las Fuerzas Armadas actúan de manera ilegal y no vemos responsables, no vemos justicia; se juzgan en sus propios tribunales y es difícil para la población civil hacer un ejercicio de fiscalización respecto a la administración de justicia: ese es otro peligro”.
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