Empresarios de los estados fronterizos del norte de México expresaron la necesidad de actualizar la regulación de vehículos usados extranjeros en nuestro país y reformar el Código Fiscal de la Federación y el decreto de regularización de 2021.
Representantes del sector empresarial de Chihuahua, Coahuila, Sonora y Sinaloa plantearon estos problemas al presidente de la Comisión de Asuntos de la Frontera Norte, Juan Carlos Loera de la Rosa.
Por su parte, el senador subrayó la importancia de comprender a fondo estas problemáticas para que los legisladores puedan ofrecer soluciones efectivas.
Durante la reunión, destacaron cómo “malos funcionarios” aduanales han usado lagunas legales para cometer extorsiones.
Juan Carlos Loera de la Rosa dijo que estas prácticas deshonestas han sido un obstáculo para la justa aplicación de la ley. Además, el legislador se comprometió a trabajar en un acuerdo que aborde situaciones similares y recomendó considerar las preocupaciones expresadas por los empresarios.
Raúl Villalba Navarrete, coordinador de la organización Identifi-K-T, señaló las implicaciones del artículo 103 del Código Fiscal, que clasifica como contrabando la posesión de vehículos extranjeros sin documentación.
Villalba indicó: “Los dueños de estos vehículos enfrentan penas de cárcel de tres meses a dos años, lo que sigue siendo una situación preocupante en 2024″.
Con la temporada decembrina acercándose, Villalba Navarrete alertó sobre el aumento de extorsiones en los cruces fronterizos, momento en que muchos connacionales vuelven de EE.UU. y regalan vehículos a sus familiares en México.
“Villalba añadió que estas fechas son propicias para los abusos, ya que se incrementa el flujo de vehículos importados”.
Esta problemática resalta la urgencia de revisar las políticas para proteger a los propietarios de vehículos de procedencia extranjera.
Una inquietud adicional presentada es la falta de conocimiento entre los propietarios sobre las regulaciones que los afectan. Villalba describió esta ignorancia de la legalidad de sus vehículos como “un terror”, comentando al Senado que “es un terror andar en un vehículo norteamericano y sufrir una detención con el propósito de extorsionar”.
Loera de la Rosa expresó que los problemas persisten debido a la “desactualización” del marco legal, y mencionó estar trabajando para abordarlos.
El Senado buscará la colaboración de la Cámara de Diputados para que el decreto de regularización se adecue a las necesidades actuales, permitiendo así una regulación más justa y menos susceptible a prácticas irregulares.
Es imperativo que las autoridades reconozcan y actúen sobre estas quejas para minimizar el riesgo de extorsión y detenciones injustificadas, concluyeron en este encuentro.