México, el país donde desaparecen y asesinan a quienes buscan a sus familiares: al menos 22 homicidios

Guanajuato y Sonora son los estados con mayor número de homicidios perpetrados en contra de familiares de víctimas de desaparición en México

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Los retratos de personas desaparecidas están colgados en una rotonda a lo largo de la Avenida Reforma como parte de una protesta de familias que exigen que el gobierno haga más para ayudar a localizar a sus seres queridos en el Día Internacional de los Desaparecidos en la Ciudad de México, el viernes 30 de agosto de 2024. (AP Foto/Eduardo Verdugo)
Los retratos de personas desaparecidas están colgados en una rotonda a lo largo de la Avenida Reforma como parte de una protesta de familias que exigen que el gobierno haga más para ayudar a localizar a sus seres queridos en el Día Internacional de los Desaparecidos en la Ciudad de México, el viernes 30 de agosto de 2024. (AP Foto/Eduardo Verdugo)

México enfrenta una crisis de violencia, inseguridad y falta de justicia que tiene como víctimas de desaparición a 117 mil 575 personas, según cifras oficiales; entre ellas, al menos 9 casos son de familiares que desaparecieron mientras buscaban a sus seres queridos; algunos fueron encontrados sin vida, sumándose a la lista de 22 buscadores asesinados entre el año 2011 y 2024.

La organización Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México presentó su “Diagnóstico sobre seguridad para colectivos de personas desaparecidas”, en él aglomera los casos de nueve víctimas que desaparecieron entre 2018 y 2024 mientras buscaban a sus familiares.

En seis de los casos, informan, las víctimas fueron privadas de su libertad por hombres armados que ingresaron a sus hogares y se las llevaron con violencia: en uno de esos casos asesinaron al hijo y al esposo de una madre buscadora.

En otro caso una persona buscadora fue citada en un lugar para entregarle información sobre el presunto paradero de su su familiar desaparecido, pero al llegar al lugar, hombres armados se la llevaron.

Organizaciones civiles e indígenas protestaron este jueves en la marcha 'Ruta hasta encontrarles', en el municipio de San Cristóbal de las Casas, en el estado de Chiapas (México). EFE/Carlos López
Organizaciones civiles e indígenas protestaron este jueves en la marcha 'Ruta hasta encontrarles', en el municipio de San Cristóbal de las Casas, en el estado de Chiapas (México). EFE/Carlos López
  • Pablo Iván Miramontes Vargas desapareció el 1 de julio de 2018 en Jalisco; buscaba a su hermano César y logró ubicar a unos posibles responsables (entre ellos un policía) que utilizaban la moto en la que se transportaba la víctima al momento de desaparecer; Pablo denunció en la Fiscalía de Jalisco y días después alguien lo citó para darle “información. Dos semanas más tarde su cuerpo apareció junto a ocho personas en una fosa clandestina.
  • Gladys Aranza Ramos desapareció el 15 de julio de 2021. Tenía sólo 28 años y pertenecía a las Guerreras Buscadoras de Guaymas; buscaba a su esposo Bryan Omar Celaya, desaparecido en diciembre de 2020, cuando hombres armados la sustrajeron de su casa. Horas más tarde apareció su cuerpo, con heridas de bala, en un predio del municipio de Guaymas.
  • Lorenza Cano Flores desapareció en Guanajuato el 15 de enero de 2024. Lore, como la llaman en el colectivo Salamanca Unidos Buscando Desaparecidos con el que tenía la esperanza de encontrar a su hermano desaparecido desde 2018, fue privada de su libertad por un grupo de hombres armados que ingresó a su casa y asesinó a su hijo y esposo.
  • Jesús Isaac Castillo Mireles desapareció el 1 de agosto de 2024 en Jalisco. Era hijo de Catalina Mireles Romero, una madre buscadora de Ana Elvira, desaparecida el 28 de abril de 2015; el cuerpo de Jesús Isaac fue encontrado el 5 de agosto después de que un comando se lo llevó de su casa en Lagos de Moreno.
Familiares e integrantes de la red de búsqueda de personas desaparecidas colocaron "anti-monumentos" frente a la Fiscalía General del Estado (FGE), este viernes, en el estado de Puebla (México). EFE/ Hilda Ríos
Familiares e integrantes de la red de búsqueda de personas desaparecidas colocaron "anti-monumentos" frente a la Fiscalía General del Estado (FGE), este viernes, en el estado de Puebla (México). EFE/ Hilda Ríos

22 buscadores asesinados

Los casos arriba narrados son sólo cuatro de los 22 asesinatos de familiares de víctimas de desaparición recogidos por el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México: 12 mujeres y 10 hombres atacados en 13 estados del país.

Cinco de las víctimas fueron víctimas de desaparición antes de que las autoridades encontraran sus cuerpos; en 8 de los casos las víctimas eran madres buscadoras; en 6 casos eran hermanos o hermanas; en 6 padres y en 2 casos esposas buscadoras.

Integrantes de colectivos en todo el país apuntan a que la cifra de buscadores asesinados es mayor, pero que muchos prefirieron no denunciar por temor a represalias, pues -apunta la organización- en la mayoría de los casos los hostigamientos y las amenazas empezaron desde que se convirtieron en madres, padres o hermanas buscadoras.

Una mujer borda durante una protesta de familias que quieren que el gobierno ayude a localizar a sus familiares desaparecidos, en el Día Internacional de los Desaparecidos en la Ciudad de México, el viernes 30 de agosto de 2024. (AP Foto/Eduardo Verdugo)
Una mujer borda durante una protesta de familias que quieren que el gobierno ayude a localizar a sus familiares desaparecidos, en el Día Internacional de los Desaparecidos en la Ciudad de México, el viernes 30 de agosto de 2024. (AP Foto/Eduardo Verdugo)

Guanajuato es el estado más peligroso con 5 víctimas, le sigue Sonora (3); mientras que en el año 2022 se reportó la mayor cantidad de agresiones (5) cometidas en Guanajuato (2), Puebla, Sinaloa y Sonora.

Además de los hostigamientos, amenazas, intimidaciones y ataques cometidos en contra de familiares e integrantes de colectivos de búsqueda de personas desaparecidas, la organización agrega la criminalización de la que son víctimas.

“El uso indebido del sistema penal para intimidar, desacreditar, estigmatizar y obstaculizar la labor de las personas buscadoras, pero también criminalización a la protesta que propicia respuestas sociales de rechazo o campañas de odio que generan exclusión y segregación social”, enfatizan.
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