JUFED acudirá a la CIDH para impugnar reforma judicial tras fallo de la SCJN

La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (JUFED) ha decidido llevar su defensa de la independencia judicial ante organismos internacionales, después de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desestimó las impugnaciones en contra de la reforma judicial que da pauta a la elección popular de jueces.

La medida, impulsada por el partido Morena y sus aliados, pretende enfrentar la corrupción en el sistema judicial, pero sus críticos han advertido que pondrá en riesgo la autonomía de los magistrados, quienes podrían quedar expuestos a la influencia del crimen organizado y a presiones políticas.

La SCJN debatió este martes durante cinco horas las impugnaciones presentadas por partidos opositores, las cuales buscaban anular la elección popular de jueces al considerarla inconstitucional. Sin embargo, el tribunal determinó desestimar las quejas luego de determinar que la mayoría calificada era de ocho votos, por lo que al juntar sólo siete no contaba con los suficientes para declarar inválidos los cambios a la Constitución.

Con esta resolución, México se convierte en el primer país en implementar un sistema de elección directa de jueces a nivel nacional. El proyecto de fallo planteado por el ministro Juan Luis González Carrancá sugería limitar esta elección únicamente a los magistrados del Supremo, mientras que los jueces de tribunales inferiores se mantendrían en su puesto a través del sistema de carrera judicial, un esquema que, según González, garantiza la independencia del Poder Judicial.

No obstante, el ministro Alberto Pérez Dayán, crítico de la enmienda, sorprendió al votar en contra de esta propuesta de anulación parcial, rompiendo la mayoría necesaria para aprobar la sentencia, decisión por la que más tarde sería tildado de “traidor” por el propio gremio.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, había sido clara en sus declaraciones previas, advirtiendo que la reforma no sería revocada y que las elecciones programadas para 2025 y 2027 no tenían vuelta atrás. La mandataria acusó a los ministros de la SCJN de exceder sus facultades y de violar la Constitución, señalando que el tribunal carecía de autoridad para anular una enmienda constitucional aprobada por el Congreso.

Por su parte, Gerardo Fernández Noroña, presidente del Senado, celebró la decisión y la “decencia” del ministro Pérez Dayán para dar un revés.

En respuesta a la resolución de la SCJN, la JUFED emitió por la noche del martes un comunicado expresando su preocupación por lo que considera un ataque frontal a la división de poderes en México.

La asociación advierte que la elección popular de jueces podría llevar a una concentración de poder en una sola persona, en este caso, el Ejecutivo, lo cual contradice los principios democráticos fundamentales y pone en riesgo la independencia judicial.

Por ello, la JUFED dio a conocer que llevará su postura ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

La asociación nacional de jueces detalló que una delegación encabezada por su directora nacional, la jueza Juana Fuentes Velázquez, asistirá a una audiencia en la sede de la CIDH en Washington D.C., Estados Unidos, con el objetivo de presentar sus argumentos contra la reforma y buscar el respaldo internacional en su lucha por mantener la independencia del Poder Judicial en México.

El conflicto entre el Ejecutivo y el Poder Judicial en México viene escalando desde hace tiempo, especialmente desde que la Suprema Corte invalidó varias leyes promovidas por el expresidente Andrés Manuel López Obrador.

Mientras tanto, hoy la presidenta Claudia Sheinbaum sostiene que el Poder Judicial está plagado de corrupción, nepotismo e impunidad, y consideran que la reforma judicial es necesaria para limpiar el sistema. Sin embargo, críticos de la reforma argumentan que estos problemas no se resolverán simplemente reemplazando a los jueces, sino fortaleciendo las capacidades de investigación de las fiscalías y asegurando procesos judiciales justos y transparentes.