La Cámara de Diputados dio publicidad al proyecto de decreto que reforma y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política para desaparecer los organismos autónomos, entre ellos el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), la Comisión Nacional de Mejora Continua de la Educación (MEJOREDU), la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH).
El dictamen establece que los ahorros generados por la desaparición de estos entes se destinarán al Fondo de Pensiones para el Bienestar. Además, se asegura que los derechos laborales de los servidores públicos serán respetados conforme a la legislación vigente.
Las reformas también implican la eliminación de los organismos autónomos estatales encargados de garantizar el derecho de acceso a la información y la protección de datos personales.
En cuanto al INAI, se derogan los párrafos del artículo 6 que regulan su funcionamiento y atribuciones. Se reforma el reconocimiento de su autonomía, estableciendo que los sujetos obligados deberán promover y garantizar los derechos de acceso a la información pública y protección de datos personales.
El gobierno reparte las tareas que tenía cada órgano autónomo
Las leyes determinarán los principios generales y la competencia de las autoridades de control interno para revisar los actos de los sujetos obligados.
El Instituto Nacional Electoral (INE) asumirá la competencia sobre el acceso a la información pública y la protección de datos personales en manos de los partidos políticos. Asimismo, el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral tendrá la competencia sobre estos asuntos en relación con los sindicatos.
Respecto al CONEVAL, se deroga el apartado que define su estructura y funciones, transfiriendo al INEGI la responsabilidad de medir la pobreza y evaluar los programas de desarrollo social. En cuanto a la Cofece y el IFT, sus funciones se transferirán al Ejecutivo Federal, que será la autoridad en materia de competencia económica, telecomunicaciones y radiodifusión.
La MEJOREDU también será eliminada, y sus funciones serán absorbidas por el Ejecutivo Federal en el ámbito de la política educativa. En el sector energético, las funciones de la CRE y la CNH serán asumidas por la dependencia encargada de la política energética del país.
El artículo 134 de la Constitución se modifica para que los entes públicos ajusten sus estructuras conforme a los principios de racionalidad y austeridad republicana, eliminando duplicidades funcionales. El Congreso de la Unión tendrá 90 días para realizar las adecuaciones necesarias a las leyes correspondientes, y las legislaturas estatales deberán armonizar su marco jurídico en materia de acceso a la información en el mismo plazo.
Finalmente, se establece que los conflictos laborales en el Poder Judicial de la Federación serán resueltos por el Tribunal de Disciplina Judicial, y se modifica la integración del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción.
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