Todo listo para que Sheinbaum declare a Pemex y CFE como empresas públicas del Estado

Tras recibir el respaldo de la mayoría de las legislaturas estatales y de la Ciudad de México, la Cámara de Diputados declaró este martes reformados los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución, en materia de áreas y empresas estratégicas, por lo que la titular del Poder Ejecutivo podrá promulgar el decreto en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Estas reformas incluyen el cambio del término “empresas productivas del Estado” a Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) por “empresas públicas del Estado” y establecen que no se otorgarán concesiones para la explotación del litio, un recurso considerado estratégico en la transición energética que busca la presidenta Sheinbaum.

Las reformas también determinan que las leyes definirán cómo los particulares podrán participar en la industria eléctrica, asegurando que estas actividades no prevalezcan sobre las de la empresa pública del Estado. Esta empresa tiene la responsabilidad de garantizar la continuidad y accesibilidad del servicio eléctrico, cumpliendo con su función social.

Además, se establece que las funciones exclusivas del Estado en áreas estratégicas, como el litio y el servicio de Internet, no constituirán monopolios. La planificación y control del sistema eléctrico nacional buscarán preservar la seguridad y autosuficiencia energética, proporcionando electricidad al menor costo posible y evitando el lucro.

El proyecto de declaratoria indica que se recibieron 22 votos aprobatorios de diversas legislaturas, incluyendo las de Baja California, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Veracruz, entre otras.

El decreto estipula que el Congreso de la Unión tiene un plazo de 180 días naturales desde su entrada en vigor para realizar las adecuaciones necesarias a las leyes secundarias. Asimismo, se derogan artículos transitorios del decreto de 2013 que se opongan a las nuevas disposiciones.

Claudia Sheinbaum, la primera mujer en liderar la segunda economía más grande de América Latina, ha propuesto un enfoque diferente para el sector energético en México. A diferencia de su predecesor, Andrés Manuel López Obrador, ha expresado su interés en permitir que las empresas privadas participen en el mercado, especialmente en el ámbito de las energías renovables.

Sheinbaum destacó que existe un potencial del 46% para que las empresas privadas contribuyan a la generación de electricidad en el país.

Sin embargo, Sheinbaum mantiene el esquema de despacho prioritario de energía de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), asegurando que esta empresa estatal produzca el 54% de la electricidad.

Este modelo, diseñado por López Obrador, ha sido objeto de críticas y desafíos legales, tanto a nivel nacional como internacional. La política de priorizar la energía de la CFE ha sido vista como un obstáculo para la entrada de energías renovables al sistema, argumentando que estas reducen la estabilidad y confiabilidad del suministro eléctrico.

Además, la reforma también contempla la reserva estatal del litio y establece que el servicio de internet proporcionado por el Estado no será considerado un monopolio. Estas medidas han generado preocupación entre los socios comerciales de México, como Estados Unidos y la Unión Europea, quienes han expresado que estas políticas podrían afectar a las empresas extranjeras y contravenir acuerdos comerciales como el TMEC.