Quién es el juez que liberó a Iván Archivaldo Guzmán en 2008 y por qué desestimó las acusaciones por narcotráfico

Iván Archivaldo Guzmán Salazar, primer hijo del matrimonio entre Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán y Alejandrina Salazar, es identificado actualmente como el principal líder de la facción criminal de Los Chapitos.

Bajo su mando y el de sus hermanos —incluyendo medios hermanos—, la organización delictiva ha alcanzado una capacidad operativa que les permite fabricar y traficar toneladas de fentanilo, así como mantener conflictos armados con cárteles rivales en varias regiones del país.

Iván Archivaldo, conocido con el alias de ‘El Chapito’, es buscado actualmente por la Administración de Control de Drogas (DEA). A cambio de información que permita su captura, la agencia estadounidense ofrece una recompensa de hasta 10 millones de dólares.

“El fugitivo puede estar armado y es peligroso. No intente aprehender a este individuo” es la advertencia que puede leerse en la ficha de búsqueda emitida por la DEA.

Hoy día, el primogénito del ‘Chapo’ es uno de los más buscados por Estados Unidos. Y aunque fue capturado en México hace casi dos décadas, un juez le concedió su libertad en 2008.

En febrero de 2005, ‘El Chapito’ fue arrestado por la Policía Municipal de Zapopan, Jalisco, cuando trató de fugarse en compañía de otros dos hombres al ver una patrulla de la corporación. Aunque no existía en ese entonces ninguna acusación formal en su contra, la DEA ya lo señalaba como posible involucrado en actividades de narcotráfico y lavado de dinero en beneficio del Cártel de Sinaloa.

Fue trasladado al Centro Federal de Readaptación Social Número 1 “El Altiplano”, en el Estado de México, y permaneció en dicho reclusorio hasta 2008, cuando el magistrado Jesús Guadalupe Luna Altamirano —entonces titular del Tercer Tribunal Unitario del Primer Circuito— consideró que no había motivos para mantenerlo privado de su libertad.

La extinta Procuraduría General de la República (PGR) había acusado a Iván Archivaldo Guzmán por presuntamente haber realizado operaciones con recursos de procedencia ilícita. Específicamente, lo señalaban de haber adquirido un vehículo con valor superior a 500 mil pesos a través de su prima Claudia Elenes Salazar, así como de poseer cuentas bancarias con dinero proveniente del narcotráfico.

El 7 de abril de 2008, luego de revisar el expediente, el juez Luna Altamirano consideró que las autoridades ministeriales no lograron demostrar la participación de Guzmán Salazar en los delitos que le habían sido imputados, por lo que lo absolvió y revocó la sentencia de cinco años de prisión que le había sido impuesta en febrero de 2008 por la jueza federal Silvia Carrasco.

Asimismo, criticó a Carrasco por, supuestamente, haber sustentado su fallo condenatorio sólo en el parentesco del ‘Chapito’ con su padre y no en pruebas contundentes.

Abogado de profesión, Jesús Guadalupe Luna Altamirano ingresó al Poder Judicial de la Federación (PJF) en 1993. Gracias a su amistad con el entonces ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en febrero de 1999 fue nombrado titular de la Unidad de Gestión y Dictamen de Cumplimiento de Sentencias.

En su carrera judicial ostentó diversos cargos en juzgados de la Ciudad de México (antes Distrito Federal) y fue catedrático en la Academia de Policía, la Universidad del Valle de México y el Heroico Colegio Militar.

Pese a su amplia trayectoria, el juez Luna Altamirano despertaba múltiples sospechas, mismas que en 2012 motivaron el inicio de investigaciones independientes por parte del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) y de la PGR. Antes de iniciar las indagatorias, el juez fue suspendido.

En el año 2014, el CJF lo denunció formalmente por su aparente participación en una red de corrupción dentro del Poder Judicial que habría beneficiado a integrantes del crimen organizado en varias resoluciones.

Además del dictamen que ayudó al ‘Chapito’, Luna Altamirano emitió fallos en favor de Sandra Ávila Beltrán, alias ‘La Reina del Pacífico’, y de Arturo Culebro Arredondo, alias ‘El Tito’, operador financiero de los Beltrán Leyva.

Durante cinco años, el CJF encontró múltiples irregularidades en los bienes del magistrado, pues realizaba movimientos financieros que no se veían reflejados en sus declaraciones patrimoniales.

Luego de cinco años de investigaciones, la SCJN ratificó su destitución por “haber obtenido ingresos distintos a los que por razón de su cargo le correspondía y por faltar a la verdad al rendir su declaración de modificación patrimonial”.

Documentos a los que tuvo acceso La Silla Rota detallan una serie de movimientos irregulares por más de cuatro millones 676 mil pesos entre 2004 y 2012, realizados en las cuentas de Jesús Guadalupe Luna Altamirano y sus familiares.