El pasado viernes, las ministras Loretta Ortiz Ahlf y Yasmin Esquivel Mossa propusieron los perfiles de quienes propongan el Comité de Evaluación del Poder Judicial para la elección de los aspirantes para ser electos en la elección de jueces, magistrados y ministros que se prevé se celebre el próximo 1 de junio de 2025, entre los que se encuentra Raúl Plascencia Villanueva.
Mediante una carta dirigida a la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Norma Lucía (SCJN) Piña Hernández, las ministras -cercanas a Morena- presentaron la lista de los cinco miembros que podrían conformar el Comité de Evaluación que está obligado a consolidar, según la reforma al Poder Judicial publicado el pasado 15 de septiembre.
“Nos permitimos hacer a usted las siguiente propuestas para integrar dicho Comité: Doctora Leoba Castañeda Rivas, Doctora Ruth Villanueva Castilleja, Maestra Silvia Gabriela Ortiz Rascón, Doctor Raúl Plascencia Villanueva, Doctor Manuel Becerra Ramírez”, se lee en la carta enviada a la ministra presidenta.
¿Quién es Raúl Plascencia Villanueva?
El abogado que proponen las ministras -cercanas a Morena- fue titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) de 2009 a 2014, periodo que está manchado por las negociaciones con el Ejército por el caso Tlatlaya con el objetivo de obtener beneficios personales y el escándalo por la adquisición de una residencia al concluir su gestión, según Latinus.
Documentos filtrados por el colectivo Guacamaya, se reveló que cuando Plascencia Villanueva fue presidente de la CNDH habría emitido una recomendación en contra de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) después de que esta dependencia se negó a apoyarlo en su intentó de ocupar un silla como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Un documento de la Unidad de Asunto Jurídicos, fechado en febrero de 2020, da cuenta de una reunión entre el jefe de ese departamento y los abogados particulares del teniente Ezequiel Rodríguez Martínez y otros seis militares señalado por el homicidio y abuso de autoridad en la ejecución de Tlatlaya, Estado de México, ocurrido el 30 de junio de 2014, en donde una veintena de personas fueron ejecutadas extrajudicialmente en un bodega de aquel municipio.
Las declaraciones de los defensores de los militares acusados registradas en el documento SP/1879 señalan que ante la negativa de la Sedena para apoyar a Raúl Plascencia en su aspiración para llegar a ser ministro de la SCJN emitió una recomendación para que la matanza de 22 personas en Tlatlaya fuera considerado de lesa humanidad para evitar prescribiera y la información se hiciera pública, informó el medio antes citado.
El gobierno del entonces presidente Enrique Peña Nieto declaró en 2015 que los hechos ocurridos en la comunidad de San Pedro Limón, Tlatlaya, estaban relacionados con un enfrentamiento con delincuentes, versión desmentida por testigos de la matanza.
Cerca de concluir la gestión Raúl Plascencia Villanueva al frente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en 2014, el diario Reforma reveló que el ex ombudsman construyó una casa valuada en 20 millones de pesos en Jardines del Pedregal.
Ello fue objeto de cuestionamientos por organizaciones civiles, llegando hasta las acciones legales por 85 personas que presentaron una demanda de juicio político contra Plascencia Villanueva, pero no fue impedimento para que buscará la reelección a su cargo, decisión que provocó las criticas por su intervención tardía en temas como la desaparición de los 43 normalista de Ayotzinapa, la recomendación emitida por el asesinato de 72 migrantes en San Fernando, Tamaulipas o el caso Tlatlaya.