La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, respondió a los magistrados que aseguraron que, aunque el código QR -que recibió como parte de su notificación- no la llevaba a ningún lado, lo trascendente es que el Gobierno de México ya estaba notificado con respecto a eliminar la reforma judicial del DOF.
Sheinbaum explicó que la medida impuesta por la jueza Nancy Juárez no procede ya que no implica sólo borrar la publicación del Diario Oficial de la Federación (DOF).
Desde el Salón Guillermo Prieto de Palacio Nacional, la militate de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) recordó que, desde hace días, la administración que ella encabeza se ha enfocado en insistir que el procedimiento por el cual recibió un ultimátum no tiene ningún sustento, incluso la notificación misma no lo posee, por lo cual adelantó que será en otra Mañanera del Pueblo donde cuente con la participación de las autoridades para dar a conocer los detalles jurídicos.
Sobre el código QR que recibió y el cual evidenció que estaba vacío, la presidenta detalló que la Consejería Jurídica recibió una segunda notificación, llevándola a justificar la denuncia hecha a través de su conferencia de prensa; sin embargo, insistió en que no es tan sencillo eliminar la publicación por capricho de la jueza debido a que el mismo DOF posee su propia ley.
“Como lo planteamos, hoy en la mañana estaré enviando un comunicado al Congreso de la Unión para su opinión y, por otro lado, la propia Consejería Jurídica le pregunta al DOF qué procede”, dijo la mandataria.
Conviene recordar que la mañana del pasado miércoles 23 de octubre, los jueces que encabezan la “contramañanera” explicaron que, la parte demandada que en este caso es la presidenta, cuenta con diversas formas de quedar notificada, siendo una de ellas el Código QR que evidenció no conducía a ningún lado; sin embargo, esta mañana la presidenta remarcó que el DOF le expuso a la Consejería Jurídica que cuenta con su propia ley y, por ello, las publicaciones ahí hechas no se pueden eliminar de manera sencilla.
Así fue la postura de la presidenta
A modo de responder la postura de los jueces y magistrados, la presidenta expuso que la Consejería Jurídica se acercó al Diario Oficial de la Federación para conocer qué procede tras recibir una segunda notificación.
“Cuando se pide eliminar una publicación se determina afectar al Diario Oficial de la Federación. Ayer el DOF contesta a la consejería (...) hay una ley del DOF, el encargado de publicar, tiene la obligación publicar aquello que emiten secretarias, decretos o incluso modificaciones constitucionales. El diario oficial tiene una ley, no es que las personas decidan por voluntad propia qué hacen y que no hacen”.
Tras ello, la presidenta mostró el Artículo séptimo BIS de la Ley del DOF y gacetas gubernamentales donde se lee:
III. Garantizar la autenticidad, integridad e inalterabilidad del Diario Oficial de la Federación, que se publique su dirección electrónica, a través de la firma electrónica avanzada.
Bajo esa tónica, la presidenta remarcó que cuando una jueza pide eliminar algo que ya salió en el DOF, se está violentando la ley y no solo la de amparo que afirma es muy clara, sino también la relacionada con esta publicación que forma parte de la Secretaría de Gobernación.
A modo de terminar con esta respuesta, la presidenta cuestionó quiénes son los asesores de jueces y magistrados que se han enfocado en pedir eliminar la publicación de la reforma constitucional, misma que ha insistido no se puede quitar debido a que corresponde a la modificación a la Carta Magna.
“¿Quiénes son los asesores (...) cómo una jueza puede hacer una solicitud que viola varias leyes, quién es la asesora de esta jueza o de este magistrado, si son los ministros de la corte, ¡imagínense!, o a lo menos son abogados de quienes son parte de este grupo que no quieren que pase la reforma judicial. Que se busquen buenos abogados”.
Finalmente, la presidenta no solo hizo un resumen de lo que hizo el Gobierno de México tras ser notificado, sino que además celebró que el Tribunal Electoral avalara que sea el Instituto Nacional Electoral el que continúe con el proceso de selección de jueces y magistrados para el mes de junio del 2025.