Seis virtuales ganadores en las elecciones de 2024 fueron asesinados antes de asumir sus cargos, según informe

El proceso electoral de 2024, con el que se tenía contemplada la renovación de más de 20 mil cargos públicos, fue el más grande en la historia de México, pero también el más violento.

La Presidencia de la República, las Cámaras de Diputados y Senadores, nueve gubernaturas (incluida la jefatura de la Ciudad de México) y cientos de gobiernos municipales estuvieron en disputa en los recientes comicios, los cuales dejaron un rastro de sangre sin precedentes.

En este sentido, un informe emitido por el proyecto Laboratorio Electoral refiere que entre junio de 2023 y la jornada del 2 de junio de 2024 fueron asesinadas 41 personas que eran aspirantes, precandidatas o candidatas a un cargo de elección popular.

Sumado a lo anterior, la organización registró un total de seis homicidios de personajes que, virtualmente, habían ganado la elección. Es decir, sus crímenes ocurrieron después de la jornada electoral y en medio del proceso de impugnaciones y entrega de constancias.

Yonis Atenógenes Baños Bustos, candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a la Presidencia Municipal de Santo Domingo Armenta, en Oaxaca, fue asesinado la madrugada del 3 de junio de 2024 en su casa de campaña. Los conteos preliminares lo perfilaban como el ganador de la contienda.

Mario Lázaro Mendoza, regidor suplente electo de Jacona, Michoacán, fue atacado por un grupo de hombres armados el domingo 8 de junio, una semana después de las votaciones. Formó parte de la planilla con la que Isidoro Mosqueda Estrada, de la coalición conformada por Morena, PT y PVEM, obtuvo la reelección en el municipio.

Salvador Villalva Flores, alcalde electo de Copala, Guerrero, fue ejecutado la madrugada del 17 de junio, cuando viajaba en un autobús sobre la carretera federal Acapulco-Pinotepa Nacional. Había visitado la Ciudad de México y se disponía a regresar a Copala para iniciar los preparativos de su administración.

Israel Cruz Carrisoza, de Movimiento Ciudadano, era regidor electo de Tultepec, Estado de México, cuando fue atacado a balazos en un local comercial ubicado en el poblado La Cantera el 17 de agosto.

Armando Solís Guzmán, quien había obtenido un cargo como diputado plurinominal por el PVEM en Veracruz, fue secuestrado el 14 de agosto y hallado sin vida cinco días después.

Finalmente, el caso que ha tenido un mayor alcance a nivel nacional es el de Héctor Melesio Cuén Ojeda, exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) y diputado federal electo por la alianza del PRI, PAN y PRD, asesinado el 25 de julio.

Desde que se confirmó su homicidio, la investigación en la Fiscalía de Sinaloa estuvo empapada de irregularidades, al grado de que autoridades federales hallaron un aparente montaje para ocultar las circunstancias en las que ocurrió el crimen.

El caso quedó en manos de la Fiscalía General de la República (FGR), instancia que determinó recientemente que Cuén Ojeda habría sido ejecutado en la misma finca en donde estuvo retenido Ismael ‘El Mayo’ Zambada antes de su traslado forzoso a Estados Unidos.