La Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados recibieron hoy la consulta que envió la consejera jurídica del Ejecutivo, Ernestina Godoy Ramos, por orden de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, sobre si debe de acatar la orden judicial para eliminar del Diario Oficial de la Federación (DOF) el decreto de la reforma al Poder Judicial, hecha por la jueza Nancy Juárez.
En la carta señalan que la decisión de la jueza “es claramente violatoria de la facultades soberanas del constituyente permanente”, por ende hace poner a consulta si es procedente la eliminación de la publicación que significaría dejar sin efecto la reforma al poder judicial.
“Nuestra opinión es en el sentido categórico de que ello no es en modo alguno viable en virtud de que la publicación es un hecho irremisible e irrevocablemente consumado, por lo que la eliminación ordenada por la jueza de distrito es de imposible realización legal, material y fáctica; más aún, se incurriría en una flagrante violación al principio de la integridad e inalterabilidad del Diario Oficial de la Federación previsto en el artículo 7 Bis de la Ley que regula a ese órgano del Gobierno Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos”, se lee en la consulta emitida por la Consejera Jurídica del Ejecutivo.
El diputado por Morena Sergio Gutiérrez Luna, presidente de la Cámara de Diputados, dio a conocer que había recibido la carta, aunque será hasta el 29 de octubre en su próxima sesión programada cuando respondan a la solicitud.
Mientras tanto, en el Senado de la República esta consulta ya fue recibida, leída ante el pleno y -al momento de escribir esta nota- está siendo discutida, aunque se perfila a responder que no cuentan con las atribuciones para acatar dicha indicación judicial.
“Tomando en cuenta que la publicación en el DOF de decreto por el que se declaró reformadas, adicionadas y derogadas diversas disposiciones de la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos en materia del Poder Judicial de la Federación, fue consecuencia directa e inmediata del ejercicio de las atribuciones excepcionales inherentes al constituyente permanente previsto en el artículo 135 constitucional, esta soberanía considera que la presidenta de la República carece de atribuciones para a llevar a cabo la eliminación de dicha publicación oficial ordenada por la titular del juzgado décimo noveno de distrito en el Estado de Veracruz con residencia en la ciudad de Coatzacoalcos”, leyó Gerardo Fernández Noroña al Pleno.
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