Ciudadanos de Sinaloa buscan aplicar la revocación de mandato al gobernador Rubén Rocha Moya

El descontento social en Sinaloa ha alcanzado un nuevo punto crítico, con un grupo de ciudadanos organizándose para solicitar formalmente la revocación de mandato del gobernador Rubén Rocha Moya.

La petición llega en medio de una ola de violencia sin precedentes en la entidad por la guerra entre Los Chapitos y La Mayiza, acusaciones de vínculos con el narcotráfico y la percepción generalizada de inacción frente a la creciente inseguridad que azota la región.

Los sinaloenses, cansados de la falta de respuestas claras y de una gestión que consideran ineficaz, han decidido tomar medidas legales para intentar remover al mandatario de su cargo.

La imagen que circula en redes sociales muestra una invitación dirigida a los medios de comunicación por parte del grupo “Ciudadanos unidos por Sinaloa” para asistir a un evento que se realizará este jueves 24 de octubre de 2024 a las 10:30 AM en las instalaciones del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, en Culiacán.

“Se iniciará formalmente y apegados a la ley el procedimiento para llevar a cabo la Revocación de Mandato del estado de Sinaloa, Gobernador Rubén Rocha Moya”, se lee. Infobae confirmó que el mensaje se difundió en varios grupos de WhatsApp.

El estado de Sinaloa ha sido escenario de una creciente ola de violencia desde el pasado 9 de septiembre, cuando estalló una guerra interna en el Cártel de Sinaloa entre las facciones de “Los Chapitos” y los seguidores de Ismael “El Mayo” Zambada.

Desde entonces, más de 220 homicidios dolosos han sido registrados en la entidad, con hechos violentos en varias ciudades y comunidades rurales. En este contexto, Rubén Rocha Moya ha sido duramente criticado por lo que muchos perciben como su falta de liderazgo frente a la crisis.

A pesar de las demandas de políticos y ciudadanos para que suspenda eventos públicos y se enfoque en la seguridad, Rocha ha seguido asistiendo a actividades culturales y negando que la situación esté fuera de control, lo que ha generado una gran indignación.

El caso más reciente que ha agudizado el malestar fue su asistencia al Festival Cultural Sinaloa, donde disfrutó de un concierto en Culiacán el mismo día que se registraron varios enfrentamientos y bloqueos en la ciudad, entre ellos el ataque al diario El Debate.

Además de su aparente indiferencia ante la violencia, Rocha Moya ha sido señalado por supuestos vínculos con facciones del crimen organizado.

Los rumores sobre una posible alianza entre Rocha y “Los Chapitos” se intensificaron luego de que volantes distribuidos en varios municipios del estado acusaran al gobernador de proteger a esta facción criminal.

En dichos volantes arrojados por La Mayiza se pedía apoyo a la población para “derrocar” al gobierno de Rocha, señalando que su administración estaba al servicio de los intereses del narcotráfico.

Aunque Rocha Moya ha negado en repetidas ocasiones cualquier vínculo con el crimen organizado, la falta de acciones contundentes para enfrentar la violencia ha aumentado las sospechas.

Por otro lado, el asesinato de Héctor Melesio Cuén Ojeda, exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) y principal adversario político de Rocha, ha sido otro factor que ha contribuido al descontento.

La Fiscalía General de la República (FGR) descalificó el video presentado por la fiscalía estatal sobre el crimen, calificándolo de “montaje”, y vinculó el asesinato a la reunión entre Ismael El Mayo Zambada y Joaquín Guzmán López. En esa reunión, a decir del cofundador del Cártel de Sinaloa, también asistiría Rocha Moya.

Aunque Rocha Moya solicitó la intervención de la FGR, muchos ciudadanos ven con recelo su manejo del caso, sobre todo después de la renuncia de Sara Bruna Quiñonez, exfiscal general de Sinaloa, justo antes de que la FGR atrajera la investigación.

Ahora, un grupo de ciudadanos ha decidido iniciar formalmente el proceso de revocación de mandato. Este proceso, que está contemplado en la ley, busca recoger el apoyo necesario para solicitar una consulta que podría determinar la continuidad del gobernador en su cargo.