Tras los recientes asesinatos ocurridos en Guerrero en contra del exdirector de la Unidad de Fuerzas Especiales de Policía, Ulises Hernández Martínez; del secretario general del ayuntamiento de Chilpancingo, Francisco González Tapia; y de Alejandro Arcos Catalán, presidente del mismo municipio, el Decanato de Chilpancingo envió una carta a la Secretaría de Gobernación (Segob) en la que urgió a la recuperación de la paz en la ciudad.
En el texto dirigido a Rosa Icela Rodríguez Velázquez, titular de la dependencia, se hace mención de la necesidad de fortalecer la aplicación de políticas en materia de seguridad para atender y respetar con ecuanimidad los derechos humanos y el Estado de Derecho. Asimismo, señala que debe existir apertura para generar “acuerdos interinstitucionales y sociales” que atiendan el problema de inseguridad que persiste en la entidad.
“Sabemos que construir la paz requiere de la voluntad y los esfuerzos concretos de los distintos grupos que coexisten en el territorio de Chilpancingo, mismos que se lograrán a través del diálogo y entendimiento, quitar la vida de las personas servidoras públicas y la ciudadanía, no resuelve las diferencias que existan entre ellos”, señala.
Por ello, el Decanato de Chilpancingo pidió que las estrategias de seguridad incluyan acciones preventivas, de inteligencia e investigación, resaltando que son los ciudadanos quienes más sufren ante la actual situación, misma que imposibilita su desarrollo y bienestar.
Además, señaló que la estrategia de seguridad planteada para estos 100 días en el estado contempla velar por mujeres, hombres, población infantil, adolescentes, jóvenes, adultos, adultos mayores, pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas que viven en el estado; sin discriminación y con interculturalidad y perspectiva de género.
Por los recientes asesinatos, el Decanato exhortó a las siguientes acciones:
- A que el Estado mexicano aplique debidamente las normas para garantizar la seguridad de los guerrerenses.
- A que se repare el daño a las víctimas y familiares, con medidas de restitución, satisfacción y garantías de no repetición.
- A establecer mesas de diálogo con diversos actores sociales para proponer estrategias con los tres niveles de gobierno, iglesias y sociedad civil.
- A promover la justicia restaurativa, mediación y resolución de conflictos sociales para la pacificación social.
- A generar acuerdos de paz para contribuir al tejido social, basados en el respeto de los derechos humanos, tanto de los habitantes como de servidores públicos.
“Reiteramos que la construcción de la paz depende de la voluntad de todos los miembros de la sociedad. Cada uno debe aportar su granito de arena para consolidar y restaurar el tejido social. Nuestras oraciones para que pronto se restaure la paz en Chilpancingo (...) para que las personas puedan transitar el territorio, sin miedo alguno”, finaliza el documento.