Diputados aprueban leyes secundarias de la reforma al Poder Judicial

Después de su aprobación en la Comisión de Justicia, las leyes secundarias de la reforma al Poder Judicial de la Federación (PJF) fueron aprobadas en lo general y en lo particular por la Cámara de Diputados tras una intensa jornada de más de once horas de debate, por lo que ahora sólo falta que sean firmadas y publicadas por el poder Ejecutivo, a cargo de Claudia Sheinbaum.

Las nuevas disposiciones reforman la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE) y la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, y establecen las reglas para la elección de jueces, magistrados y ministros por voto directo de la ciudadanía.

El acalorado debate inició poco después del mediodía de este lunes 14 de octubre, cuando se realizó la declaratoria de publicidad de los dictámenes en la Comisión de Justicia. Durante una segunda sesión celebrada a las 12:30 horas, el pleno de San Lázaro comenzó la discusión de los proyectos de reforma.

La discusión en torno a estas reformas estuvo marcada por una profunda división entre las bancadas, con Morena, Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y Partido del Trabajo (PT) defendiendo los proyectos, mientras que la oposición, representada por el Partido Acción Nacional (PAN), Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Movimiento Ciudadano (MC), ha mantenido fuertes críticas a la propuesta.

El primer proyecto en ser aprobado fue la reforma a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, que fue avalada con 342 votos a favor, 128 en contra y ninguna abstención. En tanto, el proyecto correspondiente a la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral fue aprobado en lo general con 342 votos a favor y 125 en contra.

Una de las reformas más significativas contenidas en las leyes aprobadas es la implementación de la elección popular de jueces, magistrados y ministros del PJF. Esta medida busca cambiar radicalmente el proceso de selección de los encargados de impartir justicia en el país, otorgando a la ciudadanía la posibilidad de votar directamente por quienes ocuparán estos cargos.

De acuerdo con la reforma a la LGIPE, el próximo proceso electoral en el que se elegirán a los integrantes del PJF está previsto para el 1 de junio de 2025. La mitad de los titulares de tribunales de circuito y juzgados de distrito serán electos en esa fecha, mientras que la otra mitad será renovada en 2027, siguiendo un esquema gradual para la elección de los juzgadores.

Las campañas electorales tendrán una duración máxima de 60 días, y el financiamiento será regulado estrictamente para evitar el uso de recursos públicos o privados en la promoción de las candidaturas. El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) será el encargado de determinar los topes de gastos de campaña.

Además, las leyes aprobadas prohíben expresamente que los candidatos contraten tiempos en radio, televisión o medios impresos y digitales para promocionarse, lo que busca evitar una competencia desleal y asegurar la equidad en las contiendas.

Para garantizar la idoneidad de los candidatos, la reforma establece que cada uno de los tres poderes de la Unión (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) formará un Comité de Evaluación compuesto por cinco personas de reconocido prestigio en el ámbito jurídico. Estos comités serán los encargados de elaborar las listas de candidatos a los diferentes cargos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), el Tribunal de Disciplina Judicial, así como en los tribunales de circuito y juzgados de distrito.

La sesión estuvo marcada por confrontaciones verbales y acciones simbólicas. En el inicio de la discusión, los partidos de oposición presentaron mociones suspensivas con el objetivo de frenar la aprobación del dictamen, alegando inconsistencias en el articulado y las diversas suspensiones otorgadas por jueces que habían ordenado detener el proceso legislativo. Sin embargo, la mayoría de Morena, respaldada por PVEM y PT, decidió continuar adelante sin modificar el texto.

Una de las críticas más severas de la oposición fue dirigida al mecanismo de insaculación (sorteo) que se utilizó en el Senado de la República para seleccionar a los 464 magistrados de circuito y 386 jueces de distrito que serán relevados por quienes resulten electos en las urnas en 2025.

Durante el debate, la diputada panista Liliana Ortiz subió a tribuna para replicar el procedimiento con una urna giratoria, sacando pelotas de pimpón al azar y simulando “despedir” a legisladores morenistas, entre ellos a Gerardo Fernández Noroña, Andrea Chávez, Olga Sánchez Cordero y Adán Augusto López.

En defensa de la reforma, el diputado morenista Jorge Carlos Acosta justificó el uso de la tómbola como un mecanismo democrático inspirado en la antigua Grecia: “Bienvenidos a la democracia de la tómbola. En la antigua Grecia es como nace la democracia en tómbola, señoras y señores. Nos falta leer, estudiar y prepararse, esas clases de derecho romano dónde quedaron”, declaró en un tono sarcástico desde la tribuna.

La segunda ley aprobada, la reforma a la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, establece los procedimientos para que partidos políticos y candidatos puedan impugnar los resultados en la elección de jueces, magistrados y ministros del PJF. Uno de los puntos clave es que estos medios de impugnación no producirán efectos suspensivos, es decir, las resoluciones impugnadas seguirán siendo válidas mientras se resuelven los recursos presentados.

Se determinó también que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación será la encargada de resolver los juicios de inconformidad relacionados con la elección de personas juzgadoras, salvo en los casos que involucren a los propios integrantes de la Sala Superior. En estos casos, la resolución corresponderá al pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

El juicio de inconformidad solo podrá ser promovido por partidos políticos y candidatos, y deberá presentarse dentro de los cuatro días posteriores a la declaratoria de resultados emitida por el INE. En cuanto a la elección de ministros de la SCJN, magistrados de la Sala Superior del TEPJF y del Tribunal de Disciplina Judicial, el juicio electoral será procedente para impugnar actos o resoluciones que restrinjan el derecho de ser votado.

El mismo día en que se desarrolló la discusión, el coordinador del grupo parlamentario del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Ricardo Monreal Ávila, aceptó que existen errores de contenido en las iniciativas de Claudia Sheinbaum Pardo que ya fueron avaladas por el Senado de la República. A pesar de ello, aceptó que se revisarán.

“Nosotros somos el Poder Legislativo, estamos en sesiones en un periodo legislativo ordinario y podemos hacer las modificaciones y las correcciones que se tengan y crea conveniente que se puedan hacer. Esta ley, aunque no nos cuestiona el tiempo de la convocatoria, se pretende aprobar antes de la convocatoria que se expide para la elección de jueces, magistrados y ministros que ocurrirá el día 16, que es la fecha constitucional que se estableció”, dijo.

Ante la posible necesidad de que el proyecto vuelva al Senado, Monreal afirmó haber entablado comunicación con el Senado de la República para valorar la posibilidad de modificar las enmiendas del dictamen en tiempo y forma. Por otro lado, confió en que los artículos transitorios que contradigan o se opongan al decreto queden derogados “por técnicas legislativas”.