Poco después de un mes en que Alejandro Moreno Cárdenas asumió el cargo de senador de la República, desde la Cámara de Diputados se dio a conocer que en la actual LXVI Legislatura se dará seguimiento a las solicitudes de juicio político y entre ellas, el expediente de “Alito” se revisará con lupa para determinar si existen elementos para retomarlo.
El diputado morenista Hugo Eric Flores, presidente de la Comisión Jurisdiccional, afirmó que de encontrar elementos para proceder contra el senador y dirigente nacional del PRI, el proceso seguirá adelante, aunque señaló que no tendrá carácter de urgencia, pues existen cerca de mil 200 demandas de juicio político pendientes.
“Yo no hablaría de prioridades, nada más yo quiero ver qué hay en ese asunto. Nosotros sí somos abogados y entonces sí vamos a llegar a revisar si hay lugar, si hay motivos quiero ver qué hay en el expediente”, expuso el morenista.
En el contexto de las acusaciones de Alito Moreno contra la 4T por presuntas presiones sobre senadores del PRI para votar a favor de las reformas constitucionales, Hugo Eric Flores negó que la revisión del juicio político contra el campechano constituya una venganza.
“Ni siquiera por un tema de venganza política, yo sí lo voy a revisar con lupa, porque no me nombraron presidente de una comisión para administrar ahí y acumular otros 28 mil expedientes”, expuso el diputado de Morena y ex dirigente del Partido Encuentro Social (PES).
Por su parte, Alito Moreno ha denunciado una persecución política en su contra por levantar la voz contra lo que considera abusos de poder desde la 4T.
Por qué solicitaron juicio político contra Alito Moreno
En agosto de 2022, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Campeche abrió un procedimiento significativo al presentar una declaratoria de procedencia contra el diputado federal Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
Este procedimiento busca investigar su posible implicación en delitos de lavado de dinero y enriquecimiento ilícito. Renato Sales Heredia acudió al recinto legislativo de San Lázaro para detallar el caso.
La investigación se centra en la adquisición de una lujosa mansión, valuada en más de 130 millones de pesos (aproximadamente 7.5 millones de dólares). Supuestamente, esta propiedad se construyó durante el tiempo en que Moreno Cárdenas fue gobernador de Campeche, entre 2015 y 2019.
Sales Heredia indicó que “existe una desproporción entre los ingresos del legislador y las propiedades que dice poseer”.
Destacó además que se descarta cualquier intento de utilización del caso como herramienta de persecución política, una preocupación derivada de la difusión de audios comprometedores presentados en el programa “El Martes del Jaguar”, dirigido por la gobernadora Layda Sansores San Román.
El procedimiento legal fue ratificado por el vicefiscal Anticorrupción de Campeche, Loreto Verdejo Villacís, quien presentó los documentos necesarios para avanzar en la investigación contra el legislador del PRI.
Esta acción dio paso a la conformación de la Sección Instructora en la Cámara de Diputados, órgano encargado de revisar y llevar a cabo el debido proceso. La misión de esta sección sería reunir a los involucrados para “declarar, ofrecer pruebas y más”.
Pese a que estaba previsto que en diciembre del 2022 se realizara la primera sesión de la Sección Instructora, su conformación no derivó en un debate sustancial sobre el caso. La ausencia de una discusión podría interpretarse como una pausa en el proceso.
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