Reforma para las Industrias Estratégicas del Estado: así es como el gobierno busca concretar el rescate de Pemex y CFE

El pasado 5 de febrero, el ex presidente Andrés Manuel López Obrador envió al Congreso el último paquete de iniciativas del su sexenio, entre ellas, una Reforma Energética que pretende modificar la Constitución para concretar su objetivo de que las empresas productivas del Estado se conviertan en empresas públicas.

“En la Cámara de Diputados se estará discutiendo el día de hoy (9 de octubre) la reforma que tiene que ver con la recuperación de las empresas del Estado en materia energética: Comisión Federal de Electricidad y Pemex (...) se busca que las empresas sean de nuevo públicas, pues su función no es el mercado sino el servicio público”, expresó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en la conferencia mañanera de este miércoles.

Se trata de una iniciativa que busca concretar la soberanía energética que AMLO prometió a su llegada a la Presidencia en 2018, dando prioridad a ambas empresas -aunque sin cancelar contratos con privados- y así consolidarlas como las principales generadoras de petróleo y energía eléctrica. “No estamos cerrando la inversión privada, al contrario, la estamos regulando y la estamos motivando”, dijo a su vez Luz Elena González, la titular de la Secretaría de Energía (SE).

De acuerdo con el dictamen que presentó López Obrador -que nace como una contrapropuesta a la determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por invalidar la Ley de la Industria Eléctrica de 202, que a su vez fungió como respuesta a la controversial Reforma Energética de 2013-, se busca reformar tres artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:

Artículo 25: Se elimina el concepto de empresa productiva del Estado, que fue incorporado por recomendaciones de organismos internacionales financieros “desnaturalizando su función social” y se sustituye por empresa pública del Estado. Asimismo, se plantea la eliminación de que las empresas públicas se guíen por el concepto de “mejores prácticas” ya que, de acuerdo con la propia definición neoliberal, “se refiere a un gobierno corporativo que se constituye por accionistas e inversionistas”, lo cual no aplica en empresas públicas.

Artículo 27: Se respetará la participación privada en las demás actividades de la industria eléctrica; y se establece que las empresas particulares “no pueden tener prevalencia sobre la empresa pública del Estado, que es la garante de la continuidad y accesibilidad del servicio público de electricidad”. En este ajuste también se especifica que el gobierno no otorgará concesiones para litio.

Artículo 28: Ante la ausencia previa de una explicación, se define cuál es el objetivo de la planeación y el control del sistema eléctrico nacional: “Preservar la seguridad y autosuficiencia energética de la nación, y proveer al pueblo de la electricidad al menor precio posible, evitando el lucro, para garantizar la seguridad nacional y soberanía a través de la empresa pública del Estado”. En este punto también se establece que el servicio de Internet y el litio que provea el Estado constituye un “área estratégica”, por lo que no habrá cabida para la constitución de monopolios.

De acuerdo con la secretaria Luz Elena González, en el caso de la CFE, se busca que la generación eléctrica opere bajo un esquema “54-46″, es decir, que el 54 por ciento de la energía sea suministrado por el Estado y el 46 por ciento restante por la iniciativa privada, tanto mexicana como extranjera, tal y como se encuentra estipulado actualmente; “no se van a modificar contratos existentes, no queremos pelear con el sector privado, sino sentarnos en una mesa y discutir las nuevas reglas que decidió el pueblo de México. Se le dará preponderancia a las empresas públicas”, agregó a su vez la presidenta Sheinbaum Pardo este miércoles.

Otras consecuencias de esta reforma expuestas por la secretaria de Energía en La Mañanera del Pueblo son el fortalecimiento de la planeación del sector para garantizar el abasto y la confiabilidad de energía en todas las regiones del país, así como la integración vertical de las empresas públicas del Estado para operar y administrar de manera más eficiente los recursos públicos.

Es importante mencionar que en agosto pasado fue aprobada en comisiones de la Cámara de Diputados el Proyecto de Decreto por el que se reforma el párrafo quinto del artículo 25, los párrafos sexto y séptimo del artículo 27 y el párrafo cuarto del artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de áreas y empresas estratégicas. Entonces, este 9 de octubre comenzará en el Pleno la discusión y después vendrá la votación así como su eventual aprobación dado que Morena y aliados tienen mayoría.

Después de que sea avalada en la cámara baja, el dictamen será enviado a comisiones del Senado de la República para su análisis y votación, si se aprueba irá al Pleno, donde el oficialismo también goza de una mayoría casi absoluta. Luego de su aprobación en la cámara alta, la iniciativa debe ser enviada a los 32 congresos locales para su discusión y aval o rechazo, ya que se trata de una reforma constitucional.

Si ⅔ partes de las legislaturas la aprueban, se regresa al Ejecutivo para que Claudia Sheinbaum la promulgue y publique en el Diario Oficial de la Federación (DOF). La Reforma para las Industrias Estratégicas del Estado entraría en vigor un día después de que sea publicada.