Antes de ceder el mando a Claudia Sheinbaum, el expresidente Andrés Manuel López Obrador impulsó la reforma al Poder Judicial, una iniciativa que permitirá que jueces, magistrados y ministros sean elegidos mediante el voto popular, tal como ocurre con los otros dos Poderes de la Unión (Legislativo y Ejecutivo), pero que - a decir de Edgardo Buscaglia- abre la puerta para que la política mexicana centralice el poder del crimen organizado, al puro estilo del PRI (Partido Revolucionario Institucional) de la década de 1970.
El debate en torno a la reforma al Poder Judicial de la Federación (PJF) provocó manifestaciones y la toma del Senado de la República. Los inconformes, trabajadores del PJF y opositores a la 4T, entraron por la fuerza y rompieron la sesión, obligando a los senadores a cambiar de sede para que la iniciativa presidencial fuera aprobada en tiempo y forma (según lo planeado por AMLO) y se publicara en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 15 de septiembre: Día de la Independencia.
Aprovechando la alta popularidad que AMLO gozó hasta el último día de su sexenio, Morena y sus aliados lograron en las pasadas elecciones estar cerca de la mayoría calificada para pasar -sin voltear a ver a la posición- la reforma al Poder Judicial. Les faltaban tres votos que consiguieron de manos de los senadores perredistas José Sabino Herrera y Araceli Saucedo, además del panista Miguel Ángel Yunes Márquez -quien según denuncias realizadas desde la dirigencia del PAN, que luego tildó de traidor- fue presionado por la Fiscalía de Veracruz para que diera su voto favorable a cambio de no ejercer acciones penales en contra suya o de su familia.
“Se acercaron a esa mayoría calificada, pero no lo lograron, y es ahí donde empezaron a aplicar las viejas técnicas del PRI: extorsión e intercambio de impunidad por votos. Ese tipo de cosas que el PRI sabe hacer muy bien y que López Obrador mamó desde su cuna política”: Edgardo Buscaglia.
Para garantizar la mayoría calificada durante la discusión en el Senado de la República, los legisladores de oposición denunciaron el presunto secuestro del senador por Movimiento Ciudadano Daniel Barreda Pavón, quien, afirmaron, fue retenido de manera ilegal por agentes de la Guardia Nacional -institución que sufrió su propia reforma para pasar pasar a manos del Ejército Mexicano- en la Sala de Juicios Orales de Campeche. Su ausencia garantizaría que aunque Yunes Márquez votara en contra, la reforma al PJF fuera aprobada.
Centralizar el poder
En su análisis de los problemas que enfrenta México, como pobreza y corrupción, el expresidente Andrés Manuel López Obrador llegó a la conclusión -señala Buscaglia- de que bajo el esquema de los tres poderes del Estado “él no iba a poder implementar políticas para contrarrestar los 25 años de caos institucional en los que la política estuvo capturada por empresarios y grupos criminales, (entonces) comenzó a aplicar las únicas políticas que él conoce: autoritarias.
“Empezó a proponer políticas en donde a los demás poderes del Estado se les debilite para concentrar mayor poder en el Ejecutivo; al viejo estilo del PRI de los años 70, pero con un maquillaje nuevo, con un discurso progresista y popular, hablando siempre del pueblo, criticando a los conservadores y a los corruptos que se oponen”.
Edgardo Buscaglia, destacado académico de la Universidad de Columbia y director del International Law and Economic Development, la reforma al Poder Judicial “aumentará exponencialmente” la penetración de la delincuencia organizada en el sistema judicial mexicano, el cual ya es señalado de ayudar a grupos criminales y favorecer con sentencias a figuras sobresalientes del narcotráfico mexicano. Bastan dos ejemplos para ejemplificar lo anterior: las liberaciones de Abraham Oseguera Cervantes, segundo al mando del CJNG, y de Mario Alberto Cárdenas, sobrino de Osiel Cárdenas Guillén.
“El Poder Judicial de 1994 y 2008 (años en que se reformó) nació corrompido, capturado por diferentes tipos de delincuencia organizada, con jueces aterrorizados por las amenazas y otros más que eran cobardes. El Poder Judicial mexicano no funcionaba, pero cuando un auto no funciona, no lo tiras a la basura, lo llevas al mecánico y lo arreglas: AMLO decidió tirar el carro a la basura”.
De camino a una pax mafiosa
Con su reforma de último momento, Buscaglia resalta que el expresidente López Obrador buscó centralizar el Poder Judicial que ya estaba amenazado, capturado, en el que sobornaban a fiscales, jueces y magistrados. El crimen organizado podrá financiar campañas e influir en la conformación de la lista de aspirantes a un puesto de elección popular.
“AMLO quiere volver a esa pax mafiosa, y la manera de hacerlo es controlando las listas de jueces; las candidaturas siempre son a dedazo y, por lo tanto, la delincuencia organizada va a tener que pagarle a los políticos que formarán las listas de candidatos”.
En el proyecto de la reforma al Poder Judicial se establece que para la elección de ministros, jueces y magistrados, serán los tres Poderes de la Unión quienes armen las listas de candidatos, es decir, el Presidente, los diputados y senadores y los propios integrantes del PJF.
“México va a tener el mismo cáncer mafiocrático que tiene en el sistema político electoral, pero ahora aplicado al sistema judicial. Esa es la tragedia, que buscan, de alguna manera, institucionalizar la corrupción judicial que ya existía”.
Para Edgardo Buscaglia, ya no existen controles y contrapesos en el Poder Legislativo mexicano: “parecen soldados del Ejecutivo”, lo cual se debe a la centralización de AMLO para anularlos y volver a una pax mafiosa: “Ese es el objetivo de López Obrador, que aunque bien intencionado porque no quiere que haya violencia, es torpe y autocrático; pero no conoce otro método que no sea centralizar”.
Sin embargo, en sus casi seis años en el cargo, AMLO no pudo terminar con el daño provocado por décadas en las que la delincuencia organizada capturó a todos los grupos políticos: ”Va a ser imposible que Claudia Sheinbaum pueda aplicar políticas públicas de manera institucionalizada, con control adecuado y sin corrupción mafiosa”.
Lo que sí anunció la primera presidenta de México en su estrategia de seguridad para los 100 primeros 100 días de su administración, es que su gabinete de seguridad de el visto bueno a los secretarios de seguridad estatales: centralizar la seguridad.
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