El reto de ser defensor de derechos humanos en la 4T: de los ataques directos de AMLO a las agresiones por golpear a su gobierno

México es uno de los países más peligrosos del mundo para el activismo a pesar de que desde 2012 se cuenta con un Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas manejado por la Secretaría de Gobernación (Segob), el cual asigna escoltas, vehículos blindados y botones de pánico que prometen atención inmediata ante cualquier emergencia.

En lo que va del actual sexenio 92 defensores de derechos humanos han sido asesinados de acuerdo con el más reciente informe de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos ‘Todos los Derechos para Todas, Todos y Todes’, mejor conocida como la Red TDT. Aunado a lo anterior, también hay registro de agresiones y el no reconocimiento así como la criminalización de la labor que realizan estos ciudadanos o colectivos.

Incluso desde la Presidencia, estas descalificaciones han aumentado en los últimos años, sobre todo con aquellos que han sido críticos con la administración de Andrés Manuel López Obrador, principalmente cuando se trata de las protestas feministas, de ecologistas, defensores de la tierra y territorio, pero sobre todo en el contexto del Caso Ayotzinapa, el cual pasará a la historia como el compromiso de campaña que el mandatario no podrá cumplir y que se verá obligado a ‘heredarle’ a su sucesora, Claudia Sheinbaum Pardo.

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OHCHR, por sus siglas en inglés) establece que un defensor de derechos humanos es toda aquella persona que, individualmente o junto con otras, se esfuerza en promover o proteger los derechos civiles y políticos, y en lograr la promoción, la protección y el disfrute de los derechos económicos, sociales y culturales.

Sin embargo, constantemente los defensores son señalados de ser agentes desestabilizadores y que ‘defienden delincuentes’. Vale mencionar que ha sido muy común escuchar esto en las conferencias mañaneras, pero el señalamiento no nació en el gobierno de AMLO, vale hacer la precisión, aunque sí es desde este sexenio que se ha replicado principalmente entre simpatizantes de la llamada Cuarta Transformación y medios afines al obradorismo.

De hecho, ni siquiera es una crítica exclusiva de México, ejemplos sobran con los cuestionamientos del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, de arremeter contra aquellos que han criticado su política de cero tolerancia al detener a todos los pandilleros y supuestos generadores de violencia en una prisión de máxima seguridad, ya que se especula que muchos de los aprehendidos podrían ser chivos expiatorios.

En octubre de 2021, el mandatario dijo que como consecuencia del neoliberalismo fueron creados “los llamados nuevos derechos, entonces se alentó mucho incluso por ellos mismos, el feminismo, el ecologismo, la defensa de los derechos humanos, la protección de los animales, muy nobles todas estas causas, pero el propósito era crear, impulsarlas, desarrollarlas para que no reparáramos, para que no volteáramos a ver que estaban saqueando al mundo”, dijo el presidente.

“¿Cómo es que los del (Centro) Prodh, que son defensores de los derechos humanos, pero además están asesorando a los padres de los muchachos no exigían o no pedían, sobre todo sus abogados, que se castigara a quienes inventaron la llamada ¿'verdad histórica’? ¿Por qué se callaban? ”, cuestionó AMLO en diciembre pasado ante la insistencia de la organización por investigar la presunta intervención del Ejército en la desaparición de los 43 normalistas y de exigir una investigación por la presunta tortura que recibieron algunos de los detenidos por el caso, lo que representa una violación a los derechos humanos.

El Centro de Derechos Humanos ‘Miguel Agustín Pro Juárez’ es una organización defensora fundada por la Compañía de Jesús (orden de los jesuitas) hace más de tres décadas y desde 2014 acompaña a las familias de los jóvenes desaparecidos. AMLO los ha acusado de querer afectar a su gobierno y de ser “manipulados” por otro actor en su momento relevante en la defensa de los derechos humanos en México: el exsenador perredista Emilio Álvarez Icaza, quien en varias ocasiones se ha deslindado de dichas declaraciones del Ejecutivo.

“Sin duda, obedecen a que no hemos callado nuestros señalamientos sobre la persistencia en el presente de la impunidad, la violencia y el encubrimiento al Ejército”, dijo el Centro Prodh en diciembre de 2023 luego de que el presidente los señalara de pugnar por la libertad de los detenidos por el Caso Ayotzinapa, tratando de desviar la atención sobre la creciente insistencia de que se investigar a los elementos castrenses por su presunta participación en los hechos de entre el 26 y 27 de septiembre de 2014, lo cual incluso le habría valido la salida de Gobernación a Alejandro Encinas, funcionario federal que respaldó esta versión cuando comandaba la Comisión de la Verdad.

Especialistas como el abogado y catedrático Luis Eliud Tapia Olivares o Santiago Corcuera Cabezut, quien fuera expresidente y exintegrante del Grupo de Trabajo y del Comité contra Desapariciones Forzadas de la ONU, han señalado en reiteradas ocasiones que López Obrador ha dado muestras de autoritarismo cuando enuncia señalamientos no sólo contra el Prodh, sino en contra de defensores de derechos humanos.

“Sin tintes políticos, no importa quien gobierne, allí en donde hay violaciones a los derechos humanos el Prodh los ha señalado con firmeza, sin tibieza, y como en este sexenio sigue habiendo violaciones a derechos humanos aunque se niegue la enfermedad, el Prodh sigue señalándolas (...) Pero claro, si se niega que hay violaciones, si se niega que hay masacres, que hay desapariciones, y alguien las señala, a la persona negacionista le da coraje que alguien le diga la verdad”, sentenció Corcuera hacia finales de 2023.

Y es importante hacer una precisión: los defensores de derechos humanos no ‘defienden delincuentes’ para premiarlos o dejarlos sin castigo, sino porque todas las personas tienen derechos que deben ser respetados, es decir, no se pueden permitir arbitrariedades en aras de la justicia o el combate a la inseguridad y delitos, apunta la investigadora Mara Gómez Pérez en una columna titulada El falso conflicto entre derechos humanos y persecución del delito, publicada en marzo de 2021 en El Sol de México.

En México muchas veces la tragedia, injustia, violencia e impunidad son lo que llevan a las personas a convertirse en defensores de derechos humanos y activistas. Tal es el caso de los colectivos de madres y familiares buscadores, quienes convirtieron la presentación con vida de sus seres queridos en su labor diaria. De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, hasta mayo de 2024 se tenía conocimiento de más de 50 mil personas desaparecidas, pero días después la cifra era solo de 48 mil 870 ausencias tras un censo que las autoridades hicieron para depurar esta base de datos. A estos mexicanos que un día no volvieron a casa, los buscan su madre, su padre, sus hermanos, hijos y amigos.

En marzo de este año, Ceci Flores Armenta, líder y fundadora de las Madres Buscadoras de Sonora exigió una audiencia con el presidente, pero ante la falta de respuesta, decidió protestar afuera de Palacio Nacional con la intención de darle la pala con que busca a sus hijos; lo único que el presidente respondió desde sus aposentos fue “ah, pues que me la entregue, que me la deje aquí”.

Meses después Ceci Flores se dijo decepcionada de que el mandatario no hiciera el menor esfuerzo por ayuda a buscar a los desaparecidos, “le quedó grande el país”, dijo en un video. En mayo pasado, durante una conferencia matutina, el presidente la tachó de conservadora y la acusó de estar en contra de su gobierno, esto luego de que denunciara el presunto hallazgo de un crematorio clandestino en la Ciudad de México.

“Antier salió que había encontrado un crematorio, pero vinieron de Sonora y de Chihuahua personas que no nos quieren y que pertenecen al bloque conservador y que, desde luego, defienden causas muy justas, desaparición de personas. ¿Quién va a estar en contra de eso? Pero a veces se trafica con el dolor. No se debe administrar la desgracia, no se debe traficar con el dolor humano”, dijo AMLO. Después de esta serie de desencuentros, los seguidores de la llamada Cuarta Transformación (4T) comenzaron a atacar en redes sociales a Ceci Flores, repitiendo ese mismo argumento del golpismo y la creación de montajes para afectar a la administración federal.

Pero AMLO no sólo exhibió al Centro Prodh o a las buscadoras en sus conferencias mañaneras, sino que también declaró como adversarios jurados a los integrantes de la asociación civil Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, a la organización internacional Human Rights Watch, a Citizen Lab, la R3D (organización mexicana que vela por los derechos digitales) e incluso a Nariz Roja, Artículo 19 y Amnistía Internacional de manipular información, ser golpistas e incluso hasta intervencionistas, en el caso de los grupos extranjeros.

Y si eso pasa con organizaciones nacional e internacionalmente reconocidas, el panorama luce aún más desolador para los activistas y defensores comunitarios…

De acuerdo con integrantes del Consejo Consultivo del Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas en México, las frecuentes estigmatizaciones hechas por el presidente sin duda propician los ataques letales contra dichos sectores, sobre todo aquellos que han sido críticos de la actual administración, advirtió en febrero de este año la activista y periodista Lucía Lagunes Huerta durante una audiencia virtual con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

El Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) denunció apenas en un informe en abril pasado que las agresiones a defensores -principalmente ambientales y del territorio- no disminuyeron en este sexenio; al menos 102 personas que cumplían con esta labor han sufrido agresiones letales desde 2019 y, tan sólo en 2023, 20 de ellas fueron asesinadas y 19 desaparecidas. La organización apunta que en 2023 hubo 123 eventos de agresión, lo que coloca al año pasado como el segundo más violento para los activistas -sobre todo ambientales- , solo por debajo de 2022, que fue el más letal, con 197.

El reporte del CEMDA señala que las entidades con más agresiones letales en 2023 fueron:

• Michoacán, con 7 asesinatos
• Guerrero, con 6 asesinados
• Oaxaca y Edomex, con 2 asesinatos cada uno
• Hidalgo, Sonora y Jalisco, con un asesinato cada uno

En cuanto a agresiones, los estados con mayor incidencia fueron Jalisco, Oaxaca, Ciudad de México, Chiapas, Yucatán, Guerrero y Quintana Roo, siendo las más comunes las amenazas, intimidación, violencia física, criminalización y hostigamiento, sumadas a la desaparición y el asesinato.

El informe apunta que las comunidades indígenas generalmente fueron las más afectadas en el contexto de protestas contra los megaproyectos de AMLO como el Tren Maya o el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec; pero también en cuestiones como la tala ilegal y la explotación minera.

De los 123 eventos de agresión a defensores ocurridos el año pasado, en 61 de ellos los principales responsables fueron identificados como agentes gubernamentales (policías municipales y estatales; personal de gobiernos estatales, federales o municipales; trabajadores de fiscalías; militares, marinos y guardias nacionales, principalmente); la delincuencia organizada en 37 ocasiones; y las empresas privadas con 19 eventos; mientras que en 22 casos no se sabe quién perpetró la agresión.

Por otro lado, el reporte también ofrece detalles sobre las víctimas de estos 123 ataques:

• Integrantes de comunidades: 79 (64.22 por ciento del total)
• Miembros de organizaciones de la sociedad civil: 16 (13 por ciento)
• Ejidatarios: 10 (8.13 por ciento)
• Comuneros: 7 (5.7 por ciento)

Sin embargo, también se registraron ataques a académicos (4.06 por ciento), estudiantes (4.06 por ciento), abogados (2.43 por ciento), periodistas (1.62 por ciento) y defensores independientes (1.62 por ciento). “Con estas cifras, México se mantiene entre los tres países más peligrosos del mundo para los activistas ambientales, junto con Brasil y Colombia”, concluye el informe del CEMDA.