Así queda el mapa del narco al fin del sexenio de AMLO: el Cártel de Sinaloa es el más afectado

“Abrazos y no balazos” fue el principal eje que el presidente Andrés Manuel López Obrador eligió para combatir a los grupos del crimen organizado desde el comienzo de su administración el 1 de diciembre de 2018, política que dejó una cifra de más de 200 mil muertos al final de su sexenio y que prácticamente no cambió el panorama del narcotráfico en México pese a las relevantes detenciones que consiguió.

El presidente López Obrador recibió al país con al menos seis organizaciones criminales que operaban o tenían presencia en el territorio mexicano. Dos de ellas estaban en casi todos los estados de la República debido a que tenían grandes capacidades de tráfico de drogas, poder bélico y logístico, por lo que podían cometer todo tipo de delitos. Otras nueve operaban de forma regional o local, de acuerdo con el Mapa Criminal de México (2019-2020) elaborado por la consultora Lantia Intelligence.

En este reporte se menciona que el Cártel de Sinaloa (CDS) operaba en 28 estados de la República Mexicana, con excepción de Jalisco, San Luis Potosí, Hidalgo y Tlaxcala. El Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) lo hacía en todas las entidades federativas debido a que el CDS estaba debilitado por el juicio y condena en Estados Unidos de Joaquín El Chapo Guzmán en julio de 2019, según el informe.

Los Zetas que quedaron fragmentados ante las diferentes detenciones y reacomodos, tenían presencia con alguna de sus escisiones ―Cártel del Noroeste, Los Zetas Vieja Escuela, Zetas Sangre Nueva, Los Talibanes― en 12 entidades: Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Hidalgo, Puebla, Veracruz, Tabasco, Chiapas y Quintana Roo.

El Cártel del Golfo, que también estaba atomizado en catorce células, entre las que destacaban Los Ciclones, Los Metros, Los Escorpiones, Los Rojos, Especiales Grupo Sombra y Los Pelones, tenían presencia en once entidades: Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Zacatecas, San Luis Potosí, Puebla, Veracruz, Campeche, Yucatán, Quintana Roo y Estado de México.

El Cártel de Los Beltrán Leyva tenía algunas células operando en 13 estados en 2019, las cuales estaban en Baja California Sur, Baja California, Sonora, Sinaloa, Nayarit, Colima, Aguascalientes, Nuevo León, Guerrero, Estado de México, Morelos, Puebla y en la Ciudad de México.

La Familia Michoacana y Los Caballeros Templarios estaban divididos en doce escisiones —Los Viagra; el Cártel de Zicuirán Nueva Generación; el Cártel de Tláhuac; La Nueva Empresa o Cártel Brothers; Los Tequileros; La Guardia Michoacana; Los Maldonado; Las Moicas; Guardia Guerrerense, y otros— y operaban en ocho estados: Michoacán, Jalisco, Colima, Guerrero, Morelos, Ciudad de México, Hidalgo y Estado de México.

Además de las organizaciones antes mencionadas, se tenía el reporte que en 16 entidades había 29 organizaciones locales y regionales que por su arraigo y otras cualidades delictivas, seguían operando incluso donde lo hacían otros de los grupos que tenían presencia nacional.

Se trata de Los Rojos; Guerreros Unidos; Sierra Unida Revolucionaria (SUR)-Cártel del Sur; y el Cártel Independiente de Acapulco (CIDA). Así como el Cártel de Los Arellano Félix (CAF) o Cártel de Tijuana en Baja California; La Línea (Nuevo Cártel de Juárez) en Chihuahua; La Unión Tepito en Ciudad de México; el Cártel de Santa Rosa Lima en Guanajuato; entre otras.

Durante el sexenio del presidente López Obrador ocurrieron varios hechos violentos y detenciones relevantes contra distintos grupos del crimen organizado, siendo el Cártel de Sinaloa una de las estructuras más afectadas debido a que algunos de sus principales líderes fueron capturados.

Las aprehensiones más relevantes fueron las de Ovidio Guzmán López, El Ratón, arrestado y extraditado a los Estados Unidos en 2023. Esto sin dejar de mencionar que su captura dejó en la memoria colectiva dos hechos violentos que son conocidos como los Culiacanazos en octubre de 2019 y en enero del año pasado.

A la captura del Ratón se sumó el arresto de su hermano Joaquín, quien traicionó y entregó a su padrino Ismael El Mayo Zambada a las autoridades estadounidenses en julio de este año. Además de la aprehensión de Néstor Isidro Pérez Salas, El Nini, jefe de seguridad de Los Chapitos.

Estos hechos han provocado una creciente ola de violencia en el estado de Sinaloa, principalmente en Culiacán, donde las dos facciones del Cártel del Pacífico, Los Chapitos y La Mayiza, coexistían y ahora mantienen una fuerte disputa que, de acuerdo con datos de la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), ha dejado una cifra de 106 homicidios sólo del 9 al 27 de septiembre.

Los homicidios antes mencionados todavía no están contemplados en las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), mismos que indican que del 1 de diciembre de 2018 hasta agosto de 2024, se cometieron 196 mil 505 homicidios en el país y 5 mil 227 feminicidios, un total de 201 mil 732 muertes violentas, lo convierte el sexenio de AMLO en el más violento de la historia moderna de México.

De acuerdo con el análisis de “Perspectivas de México para 2024″ del Instituto Baker de Políticas Públicas de la Universidad Rice, los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación fueron los más activos y visibles en el país durante 2023.

En este estudio se destaca que la mayoría de los cárteles mexicanos están aliados con uno de estos dos grupos y se espera que esto continúe durante el mandato de Claudia Sheinbaum Pardo, quien asumirá la presidencia de México el próximo 1 de octubre, marcando un hito histórico al convertirse en la primera mujer en ocupar este cargo.

En su primer día como presidenta, Sheinbaum presentará los 100 compromisos de su gobierno donde se contempla una Estrategia de Seguridad, misma que dio a conocer la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) de Michoacán.

El documento titulado Estrategia de Seguridad de los Primeros 100 Días se detallan los ejes principales que Sheinbaum Pardo implementará para combatir a los grupos criminales.

Dentro de los objetivos iniciales de la nueva administración se incluyen la reducción de delitos de alto impacto, la atención a zonas con alta incidencia delictiva, el combate al tráfico de drogas (incluido el fentanilo), armas y lavado de dinero, entre otras cosas.

Para lograr la pacificación del país, la Presidenta se plantea enfrentar a 10 cárteles regionales que operan en diversas partes de México, como se detalla en un mapa incluido en el documento y que se distribuyen de la siguiente manera:

El Cártel de Sinaloa opera en Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Sinaloa, Durango, Zacatecas, Nayarit, Veracruz, Puebla, Tlaxcala, Oaxaca, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Dejó de tener presencia en diez estados en comparación con el Mapa Criminal de 2019.

En tanto, el CJNG controla Nayarit, Aguascalientes, Jalisco, Colima, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Veracruz, Puebla, Morelos, Estado de México, Michoacán y Guerrero. Mientras que tiene presencia en Sonora, Zacatecas, Tamaulipas, San Luis Potosí, Oaxaca, Tabasco, Chiapas, Campeche, Quintana Roo y Yucatán. Seis entidades más que el CDS, pero ocho menos que en el informe de Lantia Intelligence.

El Cártel del Golfo ya no controla Tamaulipas, pero todavía tiene presencia en esa entidad, al igual que en San Luis Potosí; Los Arellano Félix lo hacen en Baja California.

La Familia Michoacana mantiene presencia en Michoacán y Estado de México; Los Rusos (vinculados al Cártel de Sinaloa) ya operan en Guerrero; el Cártel de los Beltrán Leyva tiene células en Nayarit y Morelos.

En el caso del Cártel del Noreste ya controla Tamaulipas y tiene presencia en Nuevo León y Tabasco; el Cártel Santa Rosa de Lima sigue en Guanajuato, entidad donde también opera el Cártel Nueva Plaza, una escisión del CJNG que se extendió a Jalisco.

La estrategia de seguridad de Claudia Sheinbaum se centrará en la colaboración estrecha entre las fuerzas armadas y las autoridades civiles para enfrentar a estos grupos delictivos y mejorar la seguridad en las regiones más afectadas por la violencia.

En este sentido, la nueva administración tiene un diagnóstico de 10 municipios con mayor incidencia de homicidios dolosos, mismos que se encuentran dentro de 6 entidades de atención prioritaria: Guanajuato, Baja California, Chihuahua, Colima, Guerrero y Jalisco. Aunque también podría entrar Sinaloa con la extrema violencia que se vive actualmente.