Esta semana quedó aprobada la Reforma a la Guardia Nacional propuesta el pasado 5 de febrero por el presidente Andrés Manuel López Obrador, con la cual la corporación quedará bajo en control administrativo y operativo la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) una vez que sea promulgada y publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
Esta iniciativa le confiere fuero militar a los integrantes de la GN, pues ya serán parte de las Fuerzas Armadas; además, en caso de que se vean involucrados en alguna investigación, será la justicia castrense y ya no la civil la que los indague y sentencio o exonere, lo cual abriría la puerta a más asesinatos y violaciones a derechos humanos, han advertido organizaciones de seguridad y derechos humanos y más recientemente, un reportaje de The Economist.
El reconocido semanario inglés publicó este fin de semana un reportaje llamado ‘President Andrés Manuel López Obrador is militarising public secutiry’ (‘El presidente Andrés Manuel López Obrador está militarizando la seguridad pública’), en el cual se vale del décimo aniversario de la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa para advertir de los riesgos de otorgarle un mando militar a esta institución que en un inicio nació en lugar de la extinta Policía Federal.
“La entrega de la Guardia Nacional a las fuerzas armadas reduce la supervisión civil, alterando el equilibrio de poder. Además de potenciar el papel de los soldados en la seguridad pública, el presidente les ha entregado una serie de funciones civiles, como la gestión de aeropuertos, muchas de las cuales se pagan en efectivo. En un país que nunca ha experimentado un golpe militar, en una región que lo ha hecho con frecuencia, eso es peligroso”, se lee en el reportaje.
La publicación precisa que precisamente la fecha en que se cumplen 10 años de este crimen de lesa humanidad en el que hubo participación de las fuerzas de seguridad, AMLO, lejos de cumplir su promesa de campaña de esclarecer el caso, se empeñó en impulsar esta reforma, dejando el camino preparado -desafortunadamente- para que se cometan más asesinatos y violaciones a los derechos humanos, tal como ocurrió con los jóvenes normalistas.
“Las quejas contra la Guardia Nacional son menos que las contra la policía federal, pero aumentaron en más del 60 por ciento, de 350 en 2020 a 577 en 2022″, cita The Economist al abogado constitucionalista Daniel Torres.
Aunado a lo anterior, esta jugada de transferir a la corporación a la Sedena, la cual dicho sea de paso ya había sido declarada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en 2023, le complica el panorama a la presidenta entrante:
“La militarización de la Guardia Nacional complica la vida de Sheinbaum, quien ha dicho que quiere replicar a nivel nacional lo que hizo para mejorar la seguridad cuando fue jefa de Gobierno de la Ciudad de México: profesionalizar a la policía, aumentar sus salarios y reforzar sus capacidades de inteligencia e investigación”, señala el semanario inglés, pues los propios integrantes de la GN han reconocido su falta de herramientas y capacitación para el trabajo policial, pues desde un inicio -y en la práctica- han tenido mando y disciplina militares.
La militarización no ha sido ni es la solución contra el narco
The Economist apunta que AMLO le dejará a Claudia Sheinbaum -quien asume el martes 1 de octubre como la primera presidenta de México- un país ensangrentado durante todo el sexenio y quizás uno de los más violentos en los últimos años, además de una crisis en el estado de Sinaloa que ha dejado más de 70 muertos tan sólo en septiembre debido a los enfrentamientos entre ‘Los Chapitos’ y ‘La Mayiza’, los cuales se desataron tras la detención en Estados Unidos de Joaquín Guzmán López e Ismael ‘Mayo’ Zambada.
Y recuerda que el tema de sacar a los militares de los cuarteles para hacer labores de seguridad no es nuevo, pues es algo que se ha vivido en México desde 2006 cuando el expresidente panista Felipe Calderón Hinojosa le declaró la guerra al narcotráfico y el Ejército combatió en dicha pelea, en gran parte debido a la ausencia de una fuerza policial civil bien entrenada. A 18 años de distancia, el panorama no ha cambiado, no se cuenta con una corporación preparada y los expertos insisten en que la militarización sigue sin ser la respuesta contra el crimen organizado.
“Casi el 80% de los mexicanos están satisfechos con el desempeño de la Guardia Nacional, pero no hay motivos para pensar que militarizar la seguridad reducirá el arraigado problema de la delincuencia en el país, que ve a unas 30,000 personas asesinadas cada año y a grupos criminales que controlan alrededor de un tercio del territorio mexicano (...) Pocos niegan que México necesita cierta participación militar para combatir a sus bandas fuertemente armadas, pero lo que realmente se necesita es una mejor vigilancia”, señala la publicación.
Vale recordar que la presidenta electa ha abrazado desde el inicio esta Reforma a la Guardia Nacional, pues asegura que la iniciativa no contempla la militarización sino el fortalecimiento de la corporación que a cinco años de su creación ya cuenta con el respaldo del pueblo, “deben crecer sus capacidades para la vigilancia de carreteras y para operar como primeros respondientes”, apunta la morenista en su proyecto de nación, donde también asegura que una vez que se haga la transferencia a la Sedena, también se robustecerá a la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana para que trabajen en conjunto con la GN y la Fiscalía General de la República (FGR).
Mientras que en el caso de las corporaciones de seguridad pública, los 100 pasos hacia la transformación de Sheinbaum precisan que “es pertinente profundizar la implementación del Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica para lograr que la policía se convierta en un facilitador de la vida social. Esto implica la construcción de policías profesionales, con estados de fuerza suficientes, un salario policial competitivo y equipamiento e infraestructura para desarrollar adecuadamente su función en cada municipio y entidad”.