Estas son las fallas que tiene la reforma al Poder Judicial, según el PRI

Rubén Moreira Valdez, coordinador del Grupo Parlamentario del PRI, insistió en que la reciente reforma al Poder Judicial presenta múltiples errores que evidencian una improvisación en su redacción y generan incertidumbre sobre su aplicación, lo que presentará dificultades debido a que ya entró en vigor.

Durante su programa “Con Peras, Manzanas y Naranjas”, acompañado por el economista Mario Di Costanzo y el abogado Miguel Ángel Sulub, Moreira Valdez destacó varias omisiones y contradicciones en el texto de la reforma.

Uno de los puntos críticos mencionados por Moreira Valdez es la discrepancia entre los artículos 94 y 97 de la Constitución Política. Mientras que el artículo 94 establece que la presidencia de la Suprema Corte de Justicia se renovará cada dos años, el artículo 97 fija un periodo de cuatro años, lo cual no fue modificado en la reforma. Esta incongruencia plantea dudas sobre cuál de los dos artículos se aplicará en la práctica.

Además, el legislador criticó la falta de previsión en aspectos clave como la votación en el extranjero y la participación de representantes de casilla. También señaló que no se ha establecido un presupuesto especial para organizar la elección ni se ha considerado el uso de urnas electrónicas, que podrían ser una solución viable para el proceso de votación.

Moreira Valdez subrayó que los legisladores de Morena y partidos aliados argumentan que estas cuestiones son interpretativas, pero la reforma, en su décimo primer transitorio, especifica que esto no aplica.

El priista indicó que esto podría ser otro error o una omisión deliberada, ya que tampoco se estipula la elección de magistrados del tribunal administrativo, agrarios o militares, lo cual podría deberse a que estos primeros resuelven temas fiscales y el gobierno no desea que sean electos.

Por su parte, el abogado Miguel Ángel Sulub mencionó que el artículo primero transitorio establece que en 2025 se elegirán las magistraturas vacantes de la Sala Superior del Tribunal Electoral. Sin embargo, actualmente solo hay dos vacantes, mientras que el segundo transitorio indica que se seleccionarán hasta dos mujeres y dos hombres, lo cual no es posible con solo dos puestos disponibles.

Sulub también destacó que esta situación se repite en los estados. Citó el caso de Campeche, donde la iniciativa de reforma a la Constitución local dejó fuera al tribunal administrativo y a los jueces de conciliación, ya aprobada. Esto es relevante porque algunas comunidades, principalmente indígenas, se encargan de resolver problemas familiares y penales de menor escala.

El economista Mario Di Costanzo añadió que será un trabajo titánico y difícil para quienes cuenten los votos, ya que no se trata de una votación tradicional. La falta de simulacros y testeos previos, así como la ausencia de la participación de un actuario o matemático para realizar los cálculos correspondientes, complican aún más la implementación de la reforma.

Jueces y trabajadores del Poder Judicial mexicano pidieron el 23 de septiembre al Instituto Nacional Electoral (INE) acatar las resoluciones de dos jueces de distrito que otorgaron amparos contra la reforma judicial, que obliga a la elección de juzgadores por voto popular.

La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito (Jufed) expresó en un comunicado que el INE, que este lunes arrancó el proceso de los primeros comicios judiciales, no puede desconocer esas medidas cautelares hasta que exista una determinación jurisdiccional que las modifique.

O bien, hasta que haya una sentencia de amparo que en “definitiva” resuelva la impugnación constitucional.

El organismo señaló que actualmente existen juicios de amparo contra la reforma que el presidente Andrés Manuel López Obrador promulgó el 15 de septiembre, por lo que debe dejarse sin efecto la declaratoria de inicio del Proceso Electoral Extraordinario 2024-2025 que realizó este lunes el INE.

“Respetuosamente se solicita cumplir con la suspensión decretada por los juzgadores federales”, señaló la Jufed, que puntualizó que esto debe ser hasta que se determine su validez en una sede jurisdiccional.

Esto porque un juez del central estado de Morelos otorgó la suspensión a la reforma, mientras que otro juez de Chiapas, en el sureste del país, concedió la suspensión definitiva para que las Cámaras del Congreso federal se abstuvieran de enviar a las legislaturas locales las reformas constitucionales