Qué dice el artículo 129 de la Constitución y por qué su reforma abre la puerta a la ‘militarización’ del país

Los recientes cambios en la Constitución mexicana marcan una clara militarización en la seguridad pública del país, según un experto

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CIUDAD DE MÉXICO, 16SEPTIEMBRE2024.- Personas se congregaron en avenidas cómo Eje Central y avenida Juárez para observar las columnas de la Sedena, Marina y Guardia Nacional que participaron en el Desfile Cívico Militar para conmemorar el 214 Aniversario de la Independencia de México, que encabezado por última vez por Andrés Manuel López Obrador, en su papel de Jefe Supremo de la Fuerzas Armadas. FOTO: MOISÉS PABLO/CUARTOSCURO.COM
CIUDAD DE MÉXICO, 16SEPTIEMBRE2024.- Personas se congregaron en avenidas cómo Eje Central y avenida Juárez para observar las columnas de la Sedena, Marina y Guardia Nacional que participaron en el Desfile Cívico Militar para conmemorar el 214 Aniversario de la Independencia de México, que encabezado por última vez por Andrés Manuel López Obrador, en su papel de Jefe Supremo de la Fuerzas Armadas. FOTO: MOISÉS PABLO/CUARTOSCURO.COM

En un artículo de opinión publicado en el medio El Universal, Javier Martín Reyes, quien es Investigador de tiempo completo del Instituto de investigaciones Jurídicas de la UNAM, ha lanzado una advertencia contundente sobre los cambios recientes en la Constitución mexicana que, en su opinión, marcan una clara militarización de la seguridad pública. “No debemos equivocarnos: la reforma más regresiva no es a la Guardia Nacional”, señala Martín Reyes, enfatizando que la modificación más preocupante es al artículo 129. Esta reforma, aprobada por el Senado, “destruye uno de los pilares del constitucionalismo mexicano y debilita al gobierno civil”, afirma.

Javier Martín Reyes puntualiza que los cambios en los artículos 21 y 129 representan un “quiebre histórico”. “La Guardia Nacional será una institución ‘integrada por personal de origen militar con formación policial, dependiente del ramo de defensa nacional’”, expone el autor sobre la modificación al artículo 21 que, anteriormente, garantizaba su carácter civil.

Antes de esta reforma, el artículo 21 de la Constitución dejaba claro que la Guardia Nacional debía mantener su carácter civil y estar bajo la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana. “Las instituciones de seguridad pública, incluyendo la Guardia Nacional, serán de carácter civil”, cita Martín Reyes, quien recalca que este consenso fue “el resultado de un acuerdo nacional sin precedentes”.

Sin embargo, esta garantía se ha desvanecido con la reciente enmienda. Martín Reyes critica que el oficialismo haya persistido en militarizar la Guardia Nacional, desoyendo ese consenso. “La reciente reforma es, en esa medida, el triunfo de esa insubordinación constitucional del oficialismo”, apunta en su columna.

El artículo 129, clave para mantener a las autoridades militares fuera de funciones civiles en tiempos de paz, ha sido transformado en una herramienta que permitiría la militarización casi sin límites. Según Martín Reyes, “en tiempos de paz, ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tenga previstas en esta Constitución y las leyes que de ella emanen”, una redacción que considera devastadora.

La Guardia Nacional quedará bajo la Sedena.  FOTO: DAMIÁN SÁNCHEZ/CUARTOSCURO.COM
La Guardia Nacional quedará bajo la Sedena. FOTO: DAMIÁN SÁNCHEZ/CUARTOSCURO.COM

Javier Martín Reyes advierte que este cambio da “carta abierta para asignar funciones a las autoridades militares a su antojo”. Este rediseño legal elimina las restricciones impuestas desde 1917 que frenaban la influencia militar en funciones civiles.

El autor también sitúa estos cambios en un contexto histórico y simbólico. Recuerda que la Constitución mexicana ha defendido firmemente el principio del gobierno civil desde 1917. “Este mandato era tajante: salvo en tiempos de guerra o suspensión de garantías, las autoridades militares debían estar restringidas a este exclusivo ámbito, sin injerencia en funciones civiles”.

Sin embargo, Martín Reyes señala precedentes donde este mandato no siempre fue respetado. Desde presidencias que transgredieron este artículo hasta la fallida Ley de Seguridad Interior promovida por Peña Nieto.

La reciente modificación “elimina por completo este candado del mapa constitucional”, plantea Martín Reyes, resaltando la gravedad de dicha supresión. “Incluso algunas decisiones profundamente cuestionables de la Suprema Corte han dejado entreabierta la puerta a la militarización”, añade, aludiendo a interpretaciones judiciales que han moldeado un camino que hoy se formaliza con esta reforma constitucional.

Martín Reyes pone en perspectiva los peligros de este cambio legal, destacando cómo cualquier mayoría legislativa futura podría radicalizar estas disposiciones. “El único freno será la medida de su propia irresponsabilidad”, advierte sobre los nuevos poderes del legislativo para militarizar funciones civiles.

Members of the Mexican National Guard stand guard at a crime scene, as Mexico's Senate approved a constitutional reform that transfers operational command of the National Guard to the Secretariat of National Defense (SEDENA), In Ciudad Juarez, Mexico, September 25, 2024. REUTERS/Jose Luis Gonzalez
Members of the Mexican National Guard stand guard at a crime scene, as Mexico's Senate approved a constitutional reform that transfers operational command of the National Guard to the Secretariat of National Defense (SEDENA), In Ciudad Juarez, Mexico, September 25, 2024. REUTERS/Jose Luis Gonzalez

La reforma también se produce en fechas simbólicas importantes, coincidiendo con el aniversario de la tragedia de Ayotzinapa y a una semana del 2 de octubre, fechas de gran significado histórico y social en México. “Estamos frente a una reforma por un gobierno que se autoproclama de izquierda”, lo cual resulta paradójico para Martín Reyes en la trayectoria del actual gobierno.

Javier Martín Reyes insiste en que no se puede minimizar el impacto de estos cambios, los cuales considera que tendrán repercusiones profundas y duraderas en el sistema constitucional y la estructura política de México.

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