AMLO prometió aplicar la Doctrina Estrada y deja la presidencia con varios conflictos internacionales

Al arrancar su sexenio, Andrés Manuel López Obrador aseguró que la política exterior de su gobierno se caracterizaría por la aplicación irrestricta de la Doctrina Estrada, sin involucrarse en conflictos internacionales, pero seis años después, el político tabasqueño deja la presidencia de la República con una serie de conflictos internacionales para la siguiente administración.

A sólo unos días de concluir su sexenio, la polémica con España resurgió y Claudia Sheinbaum hizo suya la causa para exigir al Rey Felipe VI una disculpa pública por los hechos de la conquista.

La Doctrina Estrada, formulada en 1930 por el entonces secretario de Relaciones Exteriores de México, Genaro Estrada, establece que el gobierno mexicano no debe juzgar ni intervenir en asuntos “caseros” de otros pueblos, sin embargo, López Obrador puso en operación al Estado mexicano para una delicada incursión en Sudamérica para recscatar al expresidente Evo Morales.

AMLO ha manifestado que terminado su mandato se mudará a Palenque, Chiapas, mientras que Claudia Sheinbaum ha manifestado que no modificará su postura frente al gobierno ecuatoriano, país con el que tiene abierta una disputa ante la Corte Internacional de Justicia.

A lo largo de su mandato se manifestó de forma abierta sobre temas electorales relativos a Colombia, Argentina y Perú, ofreciendo apoyo a políticos como Gustavo Petro, Alberto Fernández, Cristina Kirchner, pero principalmente a Evo Morales y Pedro Castillo.

Además de enfrentamientos verbales con mandatarios extranjeros como Javier Milei (presidente de Argentina), Iván Duque (expresidente de Colombia), Jeanine Añez (expresidenta de Bolivia), y choques diplomáticos con Dina Boluarte (Perú) y Daniel Noboa (Ecuador), el gobierno de López Obrador se ha lanzado de forma directa contra la Organización de los Estados Americanos (OEA), proponiendo incluso se desaparición.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha sido también blanco de las críticas de López Obrador, quien la ha catalogado como “un florero” debido a la incapacidad de frenar, prevenir, conflictos de gran escala, como la invasión de Rusia en Ucrania. En este caso, la inconformidad del político mexicano surgió a raíz de una los señalamientos del organismo internacional sobre el estatus de los Derechos Humanos en nuestro país.

El conflicto diplomático entre los gobiernos de Andrés Manuel López Obrador y Dina Boluarte tiene como origen la postura de México respecto a la crisis política en Perú tras la destitución y detención del expresidente Pedro Castillo en diciembre de 2022.

López Obrador mostró su apoyo a Castillo y ha criticado la situación en Perú, cuestionando la legitimidad de Boluarte, quien asumió la presidencia tras la destitución de Castillo.

En respuesta, Perú declaró persona non grata al embajador de México en Lima, señalando una injerencia en asuntos internos. México, a su vez, otorgó asilo a la familia de Castillo.

Estas acciones no sólo han tensado las relaciones diplomáticas entre ambos países, sino que López Obrador se negó a entregar la presidencia temporal de la Alianza del Pacífico a Boluarte, situación que obligó al presidente chileno, Gabriel Boric, a intervenir y mediar entre las partes.

Las críticas de López Obrador sobre la vida política peruana han sido vistas en Perú como un acto de intervención.

El gobierno de Ecuador se defendió ante la Organización de los Estados Americanos (OEA) tras la irrupción policial en la Embajada mexicana en Quito, acusando a la administración de Andrés Manuel López Obrador de promover la impunidad por haber refugiado al ex vicepresidente ecuatoriano Jorge Glas, acusado de corrupción.

El viceministro de Movilidad Humana de Ecuador, Alejandro Dávalos, argumentó ante el Consejo Permanente de la OEA, con sede en Washington, que México obstaculizó el “funcionamiento del sistema judicial ecuatoriano” al conceder refugio a Glas para evadir la justicia.

Glas, que fue vicepresidente en el gobierno del ex mandatario socialista Rafael Correa (2007-2017), es objeto de dos sentencias por asociación ilícita y cohecho y blanco de una orden de captura por el delito de peculado.