Desapariciones en México, la abandonada ‘prioridad’ del gobierno de AMLO

En tres entidades del país se concentra el 35% de los casos totales de personas desaparecidas y no localizadas. De los 115 mil 298 reportes vigentes, 12 mil 693 radican en el Estado de México, 12 mil 988 en Tamaulipas y 14 mil 946 en Jalisco.

Durante décadas, la desaparición de personas ha sido una situación que vulnera a miles de familias, no sólo por la ausencia de sus seres queridos, sino por las omisiones en las que incurren autoridades de los tres niveles de gobierno.

En diferentes ocasiones durante su administración, el presidente saliente Andrés Manuel López Obrador mencionó que este tema era prioritario para su gobierno e incluso adquirió como uno de sus principales compromisos la resolución del caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa, el cual sigue envuelto en irregularidades y opacidad.

La Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), adscrita a la Secretaría de Gobernación (Segob) señala que entre el 1 de diciembre de 2018 —fecha en que AMLO asumió la Presidencia— y el 23 de septiembre de 2024 —a una semana de que finalice su gobierno— se acumularon 51 mil 999 casos de personas desaparecidas y no localizadas.

Desde noviembre de 2018, la CNB anunció que estaba en proceso de elaborar un Programa Nacional de Búsqueda y Localización, el cual pretendía contar con información organizada sobre los contextos en que ocurren las desapariciones, así como estrategias regionales de búsqueda. El documento se publicó hasta marzo de 2023 y, al darlo a conocer, la CNB advirtió que su implementación tardaría nueve años.

En mayo y junio de 2019, el Gobierno de México reconoció que el país enfrenta una crisis forense ocasionada, entre otros factores, por el aumento de la violencia, la insuficiencia de los servicios forenses del país y la falta de coordinación entre autoridades.

Tal emergencia llevó a que la Segob creara, por exigencia de múltiples colectivos de familias buscadoras, el Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense (MEIF). El proyecto comenzó sus operaciones en agosto de 2021, pero cayó en el abandono y dejó de recibir recursos públicos en febrero de 2024, según información de Efraín Tzuc compartida a través de A dónde van los desaparecidos. Este mecanismo pretendía, entre otras cosas, contar con expertos forenses nacionales e internacionales para realizar peritajes en los cuerpos y restos óseos no identificados o no reclamados.

Algo similar ocurrió con el Banco Nacional de Datos Forenses (BNDF), una herramienta destinada a devolverle la identidad a las personas fallecidas que no han sido reclamadas. Aunque la Fiscalía General de la República (FGR) dio el banderazo de este proyecto en mayo de 2023, se constató que no está plenamente integrado.

En un primer informe a las autoridades judiciales, la FGR reconoció que en el BNDF no estaban contempladas aún las bases genéticas, de huellas dactilares y el registro de fosas clandestinas y comunes.

En este contexto se inscribe el hecho de que entre 2019 y 2023 ingresaron a los Servicios Médicos Forenses 34 mil 699 cuerpos que permanecen sin identificar. La cifra representa 48% de los 72 mil 172 cuerpos en estas condiciones registrados desde 2006, según una investigación de Quinto Elemento Lab.

Otro episodio que puso en duda el manejo del tema por parte de la administración saliente fue la súbita renuncia de Karla Quintana Osuna como titular de la CNB en agosto de 2023. Sin nada que lo anticipara, reveló que abandonaría el cargo mediante una carta dirigida al presidente.

Quintana renunció a su puesto como comisionada en el contexto de la actualización del Registro Nacional de Personas Desaparecidas (RNPD) anunciada desde junio de ese año por el gobierno de López Obrador. Casi tres meses después de su abdicación, la extitular de la CNB reconoció públicamente que se debió a “diferencias sustantivas” con el proceso para el nuevo censo, ya que existía la posibilidad de que las cifras fueran manipuladas.

“Es claro que la intención de este censo es reducir los reportes de desaparición, principalmente en este sexenio, si no se hace cuidadosamente como sabemos, hasta lo último que supimos no se estaba realizando cuidadosamente, con un análisis detallado de la información”, señaló Quintana Osuna.

La información con la que la CNB actualiza el Registro de Personas Desaparecidas es proporcionada mayoritariamente por las fiscalías estatales y la federal, cuyas bases de datos no son públicas. Para actualizar los datos de fosas clandestinas, la Comisión Nacional de Búsqueda debe recurrir a un entorpecido proceso burocrático mediante solicitudes de transparencia.

Un análisis citado por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) en agosto de 2023 expone que una de cada cuatro fiscalías estatales no reportaron haber mandado información sobre este asunto a la FGR desde el año 2021.

En contraste con la falta de coordinación y transparencia para atender la crisis de desapariciones en México, en la última fase de su gobierno, López Obrador presumió el hallazgo de los “restos” del revolucionario Catarino Erasmo Garza Rodríguez, asesinado en Panamá en 1895.

La misión de búsqueda ordenada por AMLO duró tres años, durante los cuales se destinó un gasto de más de nueve millones y medio de pesos, de acuerdo con Animal Político. En las labores participaron militares, marinos, diplomáticos y científicos. Los “restos” recuperados corresponden a un fragmento de cinco centímetros del cúbito derecho, mismo que fue trasladado desde Centroamérica hasta Matamoros, Tamaulipas.