La detención de Ismael El Mayo Zambada abrió varias discusiones en torno al papel del Gobierno de México en el combate al crimen organizado y respecto a la presunta colusión entre políticos y funcionarios públicos con los grupos del narcotráfico, especialmente con el Cártel de Sinaloa: el más institucionalizado en el mapa criminal mexicano y -quizá- el único capaz de hacer valer la pax narca.
Infobae México platicó con Edgardo Buscaglia, el académico argentino y experto en economía y derecho, quien a su vez recordó que a la llegada del presidente Andrés Manuel López Obrador a la Presidencia de México cuestionó al primer encargado de la seguridad pública de la llamada Cuarta Transformación (Alfonso Durazo) sobre si recurrirían a negociar con la delincuencia organizada para que fuera un sólo grupo criminal el que tomara más poder sobre los otros.
“Por lo que me explicaron, me dio la sensación de que el Cártel de Sinaloa era el más institucionalizado de México (..) Tiene una política social, una forma de capturar el tejido social para protegerse; ofrece trabajo y tiene una enorme red de protección política desde hace décadas”: Edgardo Buscaglia.
El proyecto de la pax narca -entregarle el monopolio criminal a un sólo grupo para reducir los índices de violencia en una región- ha fallado en “las dictaduras” donde se ha implementado, destacó Buscaglia: desde Chile con Pinochet, El Salvador, Corea del Sur, Venezuela y la Rusia de Putin.
La idea de la pax narca en México no es nueva. En la llamada “guerra contra el narco” de Felipe Calderón se acusó a una parte del gobierno federal de inclinar la balanza al bando del Cártel de Sinaloa, capturando y enfocando la fuerza bélica del Estado a sus rivales y con Genaro García Luna como el principal ejecutor de esta política. En esa era cayeron grandes capos como Arturo y Alfredo Beltrán Leyva, Heriberto Lazcano, “Nacho” Coronel y Óscar “El Lobo” Valencia Nava, entre otros.
Fallaron los “abrazos, no balazos”
Existe una frase que se le atribuye a Juan José Esparragoza Moreno, alias “El Azul”, cofundador del Cártel de Sinaloa, y que afirma: “La paz social no depende del Gobierno, sino de los acuerdos a los que lleguen los cárteles”.
Antes de la caída del Mayo Zambada -detenido el 25 de julio en Nuevo México, Estados Unidos- el gobernador de Sinaloa Rubén Rocha Moya presumía que el estado era de los más seguros del país, con bajos niveles de homicidios; sin embargo, un mes después esa pax narca se derrumbó con el estallido de la guerra entre Los Chapitos y La Mayiza (Pizzas vs Sombreros) que sólo durante el 15 de septiembre pasado -en pleno día de la Independencia- fueron asesinadas 14 personas. Sobra recordar que el mandatario fue señalado por el propio exlíder del Cártel de Sinaloa como uno de los asistentes que acudiría a la reunión en la que presuntamente lo traicionaron, secuestraron y lo llevaron a Estados Unidos.
“México está lleno de feudos de políticos, gobernadores y alcaldes que trabajan para diferentes grupos criminales; a diferencia de Rusia y Chile (con Pinochet), que sí concentraron el poder político, evitaron los feudos y después hicieron que la delincuencia realizara el trabajo sucio del Estado”: Edgardo Buscaglia.
Después de la conversación con Alfonso Durazo (hoy gobernador de Sonora), Edgardo Buscaglia afirma que entendió que la idea de negociar con el Cártel de Sinaloa iba a fracasar y no se llevaría a puerta, sin embargo: “después vimos que los ataques contra el Cártel de Sinaloa no sucedían a través de la política de ‘abrazos, no balazos’ y se pretendió llevar a la mesa de negociación a la delincuencia organizada, con la idea de que no se les iba a tratar (sin detenciones, ni enfrentamientos) como con Felipe Calderón”.
“El Cártel de Sinaloa se ha transformado en un Estado paralelo en México; López Obrador ha ido de mal en peor, en el sentido de que durante su mandato este grupo se fortaleció más; y si hay alguna detención en contra del cártel, es debido a la presión norteamericana”.
Las palabras de Edgardo Buscaglia nos remontan al papel del Gobierno de México tras la detención del capo de capos: tardó un día en confirmar que El Mayo Zambada sí estaba detenido, nunca supo que uno de Los Chapitos negociaba su entrega -y hasta la fecha AMLO pide que se informe sobre los acuerdos entre Joaquín Guzmán López con EEUU-; por si fuera poco, siguen sin aclararse las dudas respecto al papel de Rubén Rocha Moya y otros políticos y funcionarios (Héctor Melesio Cuén y la exfiscal Sara Bruna) de Sinaloa en el complejo escenario que hoy tiene bajo asedio de las balas a una población entera.
La pax narca se rompió el pasado 9 de septiembre y a la fecha ya provocó 71 homicidios dolos cometidos en 15 días de guerra.
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