Reforma judicial reduce la edad mínima para el retiro voluntario de jueces; más de 400 magistrados solicitan su jubilación anticipada

Desde que se inició el debate y aprobación de la reforma judicial impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, más de 400 jueces y magistrados del Poder Judicial de la Federación (PJF) han solicitado su jubilación. Estos servidores públicos se han acercado al área de Recursos Humanos para finalizar su relación laboral, lo que representa un incremento significativo en comparación con años anteriores.

Antes de que el Congreso de la Unión aprobara la reforma, que introduce la elección popular de jueces y magistrados, alrededor de 200 jueces y magistrados ya habían solicitado su jubilación anticipada. Sin embargo, después del 11 de septiembre, fecha en la que se realizó la declaratoria oficial de la reforma, la cifra de servidores públicos que recurrieron a este mecanismo superó los 400.

Fuentes del Consejo de la Judicatura Federal señalan que a mediados de este año, el número de solicitudes de jubilación ya había duplicado el total del año anterior.

El Diario Oficial de la Federación (DOF) publicó este lunes un acuerdo aprobado por el Consejo de la Judicatura Federal que reduce la edad mínima para el retiro voluntario de 65 a 55 años, siempre que el servidor público cuente con al menos 25 años de servicio en el PJF y haya sido ratificado.

Este cambio es significativo en comparación con el acuerdo publicado en 2015, que exigía una edad mínima de 65 años para acceder a la jubilación anticipada. Bajo las nuevas reglas, quienes tengan entre 55 y 64 años y cumplan con los requisitos podrán recibir un porcentaje de la pensión complementaria. Por ejemplo, si un servidor público tiene 64 años y 35 años de antigüedad, podrá acceder al 78% de dicha pensión.

La jueza Claudia Elena Hurtado de Mendoza, del Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa en Nuevo León, comentó al respecto: “Esencialmente lo que hicieron fue vincular la pensión complementaria a los supuestos de la Ley del ISSSTE, agregando como mínimo 25 años de servicio y estar ratificado”. Hurtado explicó que en el régimen de cuentas individuales no es necesaria una edad específica para acceder a la pensión, siempre que el saldo en la cuenta lo permita.

“Por ejemplo, tengo 47 años y 27 años de antigüedad; entonces, el saldo en la cuenta individual me da para una pensión garantizada, no para el complemento de la pensión porque no estoy ratificada, pero habrá quienes estén ratificados con mi edad y puedan tener una pensión complementaria mínima”, señaló.

El magistrado Hugo Alejandro Bermúdez, del Segundo Tribunal Colegiado Auxiliar de la Décima Región, expresó que, aunque el acuerdo del Consejo de la Judicatura ofrece una pensión complementaria, su viabilidad depende del presupuesto anual que apruebe el Congreso. “Esto no es seguro; no obstante, nos permitiría a los que ya podríamos pensionarnos por el ISSSTE tener una pensión complementaria que nos ayudaría mientras nos integramos a la vida económicamente activa para sobrevivir con dignidad”, señaló.

El magistrado también subrayó que la pensión complementaria está diseñada para ofrecer un retiro digno a los jueces y magistrados, reconociendo que “no pudimos generar ingresos por otros medios debido a la prohibición que tenemos para ello. Esta pensión considera que sólo nos dedicamos a impartir justicia toda la vida y vivimos con nuestro salario del PJF”.

Con este panorama, el retiro de más de 400 jueces y magistrados tras la reforma plantea un reto significativo para el Poder Judicial de la Federación y la administración de justicia en el país.