Sheinbaum niega “militarización” y asegura que Guardia Nacional respetará los Derechos Humanos

Claudia Sheinbaum, presidenta electa de México, negó este jueves que la reforma discutida en el Congreso para que el Ejército controle de forma completa a la Guardia Nacional implique una “militarización” del país.

La futura mandataria, que asumirá el cargo el 1 de octubre, aseguró que se respetarán los derechos humanos y que la medida fortalecerá la institución sin convertirla en una entidad militar.

La Guardia Nacional, creada en 2019 por el presidente Andrés Manuel López Obrador con la promesa de un mando civil, cuenta con más de 120 mil elementos y actualmente depende de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

La propuesta de López Obrador, que se discute en la Cámara de Diputados, busca transferir su administración a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Legisladores de oposición y organizaciones civiles han expresado su preocupación por una posible militarización de diversos ámbitos del país. Argumentan que la reforma constitucional modificaría el artículo 129 de la Constitución, que limita las funciones militares en tiempos de paz desde 1857, y el artículo 21, eliminando la “garantía orgánica” que obliga a que las instituciones de seguridad pública sean de carácter civil.

Sheinbaum, sin embargo, sostiene que la seguridad seguirá bajo un mando civil, ya que las decisiones las tomará ella como presidenta.

“Militarización significa que haya un mando militar que está tomando decisiones y las decisiones las toma el comandante o comandanta de las Fuerzas Armadas, es un poder civil”, afirmó.

Desde el inicio de su mandato, López Obrador ha asignado a las Fuerzas Armadas diversas tareas, incluyendo la seguridad pública, la construcción de obras de infraestructura, la administración de aduanas y puertos, y la dirección de empresas del Estado, como el Tren Maya.

La discusión sobre la reforma ha generado un intenso debate en el país, con implicaciones significativas para el futuro de la seguridad pública y el papel de las Fuerzas Armadas en México.

La Cámara de Diputados de México comenzó este mismo jueves la discusión de una reforma constitucional para transferir el control de la Guardia Nacional a los militares, una de las propuestas más ambiciosas y controvertidas del presidente saliente Andrés Manuel López Obrador.

El año pasado, la Suprema Corte de Justicia invalidó una iniciativa similar aprobada por la mayoría oficialista del Congreso en 2022, dejando a la Guardia Nacional bajo el control de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

A pesar de este revés y las críticas de activistas y organizaciones como Amnistía Internacional, López Obrador insistió en la reforma y la incluyó en un paquete de leyes presentado en febrero en el Congreso.

La iniciativa busca que la Guardia Nacional, creada en 2019 para combatir la violencia, pase del control de la Secretaría de Seguridad al ejército.

Morena y sus aliados, que tienen mayoría en el Congreso, insisten en avanzar con el proyecto a pesar de las críticas de opositores y organizaciones de derechos humanos, que temen una mayor militarización de la seguridad pública y dudan de su efectividad para resolver la violencia en el país.

Patricia Mercado, diputada de Movimiento Ciudadano, expresó en su cuenta de X que “la militarización no es la respuesta a los niveles de violencia que existen en el país” y abogó por una Guardia Nacional de carácter civil.

La reforma, que forma parte de un paquete de leyes impulsado en los últimos días del gobierno de López Obrador, prevé que las investigaciones penales estén en manos del Ministerio Público, pero también otorga atribuciones en esta materia a la Guardia Nacional, cuyo personal será de origen militar con formación policial.