Amnistía Internacional pide a Diputados no aprobar pase de Guardia Nacional a Sedena: “Consolidaría la militarización”

Todo parece indicar que este jueves 19 de septiembre dará inicio en la Cámara de Diputados la discusión de la Reforma a la Guardia Nacional, la cual contempla -entre otros puntos- que esta corporación de seguridad se adhiera administrativa y operativamente a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Sin embargo, esta iniciativa propuesta el pasado 5 de febrero por el presidente Andrés Manuel López Obrador, ha generado preocupación entre expertos en seguridad y organizaciones defensoras de derechos humanos. Amnistía Internacional México advirtió que, de aprobarse, sin duda se estaría militarizando a nuestro país.

“Desde su creación en 2019, la Guardia Nacional ha estado compuesta mayormente por elementos del Ejército y la Marina; en 2023 una reforma aprobada extendió el uso de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad hasta 2028″, advirtió la organización internacional.

Sin embargo, vale precisar que en septiembre del año pasado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucional la reforma legislativa propuesta por AMLO en 2022 para que la Guardia Nacional pasara a formar parte de la Sedena, “pero ahora se propone una nueva iniciativa que busca consolidar esta militarización, su aprobación sería un retroceso respecto a la garantía de la seguridad civil y la protección de datos”, indicó Amnistía.

Por qué dicen que habrá una militarización

Es importante apuntar que la Reforma a la Guardia Nacional de AMLO propone modificar el Artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para eliminar la “garantía orgánica” que obliga a las instituciones de seguridad pública a tener carácter civil, pues se busca que la corporación -creada en 2019 para tomar el lugar de la extinta Policía Federal- sea reconocida permanentemente como parte de las Fuerzas Armadas aunque no tenga como tal funciones o tareas similares a las del Ejército.

El documento que ya está en la Cámara Baja del Congreso de la Unión propone además que la GN siga al frente de la Estrategia Nacional de Seguridad, creada por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), pero también contempla que los órganos de justicia militar sepan cuando haya casos donde intervinieron efectivos de la corporación y que éstos únicamente puedan ser juzgados por tribunales militares.

Ante este panorama, Amnistía Internacional recordó que la seguridad debe ser gestionada por instituciones civiles, no militares, por lo que pidió a los legisladores federales no aprobar la reforma. “Es su responsabilidad proteger a la ciudadanía, votar a favor de esta iniciativa significaría ignorar las preocupaciones sobre derechos humanos y seguridad. La ciudadanía está observando. La militarización no es la solución. No a la militarización”, concluye la reconocida organización.

Esta inquietud se suma a la expresada hace unos días por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), quien también hizo un llamado a que no se dé luz verde a la Reforma a la Guardia Nacional ya que además de tocar a esta institución también se le da “más poder” a los efectivos castrenses, ya que se reformaría la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal para que Sedena preste ilimitadamente servicios auxiliares y civiles requeridos desde Presidencia, lo que contraviene al Artículo 129 constitucional que dicta que en tiempos de paz no pueden ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar.

El colectivo ‘Seguridad sin guerra’ también ha advertido que la aprobación de esta reforma eliminaría las restricciones democráticas que la Constitución impone sobre el uso de las Fuerzas Armadas en funciones ajenas a su competencia; “si se aprueba implicaría una militarización total y permanente de todo el orden jurídico mexicano (...) eliminando la esperanza de contar con una policía civil federal y ampliando el fuero militar a los integrantes de la Guardia Nacional que cometan delitos o violen derechos humanos”, dijo el grupo integrado por más de 300 organizaciones, especialistas, defensores y activistas.