
En medio de la escalada de violencia que ha vivido la población del estado de Sinaloa, personal del Hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Villa Unión, Mazatlán, denunció una serie de agresiones por parte de un comando armado durante la madrugada del 15 de septiembre.
A través de un comunicado difundido por la prensa local, trabajadores del nosocomio expusieron que “un grupo armado de delincuentes” llegó al área de urgencias durante las primeras horas de la fecha referida para exigir que asistieran a algunas personas heridas por arma de fuego.
“Fuimos sometidos a violencia física y verbal, así como también los pacientes que estaban recibiendo atención médica en el servicio”, puede leerse en la misiva.
“En ningún momento se les negó la atención, sin embargo, recibimos amenazas verbales de muerte, como ‘Si mueren ellos, mueren ustedes’”, agregó el personal de la unidad médica.
De acuerdo con la denuncia, el comando armado sometió a varios enfermeros y médicos para trasladar a los heridos en una ambulancia a otro centro médico en la ciudad de Mazatlán, ya que en el lugar no había condiciones para atender oportunamente sus lesiones.

“Desafortunadamente no contamos con el equipo necesario para la resolución de dicha urgencia, sólo se estabilizaron”, manifestaron los trabajadores del IMSS de Villa Unión. Hasta la mañana del día 16 de septiembre, las autoridades no han brindado un pronunciamiento público sobre los hechos denunciados por el personal de dicha clínica. Asimismo, se desconoce la identidad de los presuntos sicarios, de las personas heridas y el lugar al que habrían sido trasladadas.
En el mismo documento, quienes laboran en el hospital reconocieron el miedo que ha generado el ambiente de inseguridad en el estado y lanzaron un llamado para que las autoridades garanticen su bienestar.
“Tememos por nuestra seguridad e integridad, así que de la manera más atenta solicitamos seguridad por parte del instituto [IMSS] o del gobierno para poder desempeñar nuestras actividades como profesionales de la salud”, redactaron.
“De no recibir una respuesta favorable por parte de los directivos competentes, nos veremos en la necesidad de retirarnos para salvaguardar nuestra integridad; cada uno de los trabajadores tenemos una familia que nos espera en casa y, por lo tanto, nos genera un daño moral”, puede leerse al final de la carta.
Desde el 9 de septiembre —cuando se detonaron las hostilidades en Culiacán y municipios aledaños— hasta la mañana del día 16, se han registrado de manera preliminar 38 homicidios relacionados con las disputas entre células del Cártel de Sinaloa. La cifra contempla civiles armados, militares y población civil que, presumiblemente, era ajena al conflicto.
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