Este es el principal problema de la reforma al Poder Judicial, según Norma Piña

Morena logró la aprobación de la reforma constitucional al Poder Judicial de la Federación y en los próximos días el presidente Andrés Manuel López Obrador podrá promulgar la nueva ley que permitirá cambiar la estructura del sistema judicial mexicano para que ministros de la Corte, magistrados y jueces sean elegidos mediante voto popular entre una lista propuesta por el Ejecutivo y Legislativo.

Previo a su aprobación en el Senado, Norma Lucía Piña Hernández actual ministra presidenta de la Corte presentó una contrapropuesta de reforma, privilegiando el perfil técnico de los juzgadores así como la carrera judicial.

La propuesta no fue tomada en cuenta por Morena y este miércoles por la madrugada el Senado consumó la aprobación de la reforma de López Obrador y la envió a trámite a los 32 congresos locales.

Sobre este profundo cambio al Poder Judicial mexicano la ministra Piña Hernández coincide en la necesidad de una transformación, no obstante, ha expuesto lo que considera serios riesgos para la impartición de justicia en nuestro país con la reforma que el oficialismo ya aprobó.

Para la actual presidenta de la Corte, el principal problema que detecta en esta reforma es el sistema diseñado para elegir a jueces, porque para postularse al cargo no se requerirá ninguna preparación especializada, simplemente ser abogado.

“No hay que tener preparación, no hay colegiación, y van a ser electos por voto popular después de ingresar en una tómbola. O sea, sacarán un papelito. Será suerte ser juez o magistrado federal en México”, comentó en entrevista con BBC en español.

De acuerdo con la jurista, el actual sistema de elección de ministros en México se realiza mediante un mecanismo democrático indirecto, pues es el presidente de la República quien propone a los candidatos, y es el Senado el encargado de determinar quién ocupará el puesto en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Piña apunta que estos jueces y magistrados no son representantes populares ni participan en política, porque en realidad se trata de personas capacitadas específicamente para resolver conflictos dentro de la sociedad, actuando de acuerdo con el marco legal establecido. Es decir, se privilegia un perfil técnico para interpretar y aplicar las leyes.

La función de los jueces federales es, ante todo, resolver conflictos entre particulares y la autoridad. Si el proceso de selección de estos jueces estuviese influenciado por una lógica política, surge la preocupación de que podrían priorizar los intereses de su supuesto electorado por encima de lo que dicta la ley.

Esto pone en tela de juicio su imparcialidad y capacidad para resolver los casos según el derecho, advirtió Piña Hernández.

Aunque la idea de elegir jueces y magistrados a través de una votación directa puede parecer atractiva desde una perspectiva democrática, en la práctica resulta inviable y contraproducente. Implementar un sistema de elección directa podría llevarnos a un retroceso en la impartición de justicia, ya que convertir a estos cargos en electivos podría politizarlos y desvirtuar su propósito judicial.

El sistema actual, donde el Senado toma la decisión final sobre las propuestas del Presidente, se sustenta en la necesidad de mantener la independencia judicial y asegurar que las decisiones de los jueces se basen exclusivamente en criterios legales y no en presiones políticas o populares, explicó la ministra Piña Hernández.

Pese a la aprobación de la reforma, persiste la resistencia por parte de los trabajadores del Poder Judicial, quienes han dejado claro que continuarán luchando para impedir la implementación de esta reforma que consideran inviable.

Juana Fuentes, directora nacional de la Asociación de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (JUFED), subrayó que aún existen diversas vías legales y herramientas internacionales para frenar la reforma antes de que entre en vigor.

Además, mencionó las circunstancias alrededor del voto favorable a la reforma de algunos senadores opositores, haciendo alusión a presuntas amenazas que enfrentaron. Dos de estos senadores son Miguel Ángel Yunes del Partido Acción Nacional (PAN) y Daniel Berreda de Movimiento Ciudadano (MC).

Según Fuentes, hay mecanismos dentro de la Constitución Mexicana y en organismos internacionales a los que México pertenece que pueden detener el proceso legislativo. No obstante, expresó sus dudas debido a las modificaciones recientes en la Constitución que parecen desestimar las opiniones de actores internacionales.

A este respecto, informó que una delegación de la JUFED está actualmente en Ginebra, Suiza, denunciando la ilegalidad de esta reforma ante el Consejo de Derechos Humanos. También planean recurrir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.