Afectado negativamente en su vida laboral y financiera, José Antonio Barrera se ha visto atrapado en un complejo proceso legal. La razón: su ex pareja, utilizó sin autorización su firma electrónica (FIEL) y una tarjeta bancaria para facturar pagos de la empresa donde trabajaba.
Todo empezó cuando la mujer en cuestión, Claudia N., encontró una tarjeta bancaria que Barrera olvidó en su vehículo. Ante la situación, el hombre presentó una denuncia por usurpación de identidad en 2019, sin embargo las autoridades no han progresado en el caso, dejándolo con una deuda de más de un millón de pesos ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT).
El fraude comenzó en 2014 en Tultitlán, Estado de México. Sin que Barrera lo supiera, Claudia N. empleó la FIEL de Barrera para facturar comisiones en su trabajo en la empresa Representación Industrial de Válvulas. Aunque Barrera pidió a su entonces pareja sentimental que le devolviera sus documentos, ella siempre encontraba excusas para no hacerlo.
El problema alcanzó su punto álgido cuando, cinco años después, empezaron a llegar notificaciones del SAT exigiendo el pago de impuestos por facturas que Barrera no había emitido. Al investigar, descubrió que su nombre había sido utilizado para facturar los ingresos de su ex pareja.
En ese momento, Barrera se reunió con el dueño de la empresa y la contadora, quienes admitieron el uso indebido de su FIEL. Sin embargo, no cumplieron con su promesa de pagar los impuestos generados ni de entregarle los comprobantes de pago.
Desde entonces, Barrera ha intentado resolver el problema en diversas instancias. Presentó denuncias ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de México por usurpación de identidad, y ante la Fiscalía General de la República por evasión fiscal, pero ambos casos aún permanecen sin resolución.
A nivel estatal, la investigación fue recientemente judicializada, pero el Ministerio Público se niega a incluir los delitos de falsificación y asociación delictiva, a pesar de que las facturas fueron firmadas con su firma falsificada.
A nivel federal, el caso está estancado desde 2022, ya que el propio Ministerio Público no ha informado al la dependencia tributaria sobre la evasión fiscal cometida en su nombre. Mientras tanto, Barrera sigue siendo considerado responsable de una deuda de un monto aproximado superior al millón de pesos.
La próxima audiencia, programada para el 9 de septiembre, representa una oportunidad para que Barrera vea avances en su caso. No obstante, con varias audiencias ya pospuestas, la incertidumbre continúa siendo una constante.