Esta es la gratificación que magistrados y jueces podrían recibir si se aprueba reforma al Poder Judicial

La reforma al Poder Judicial impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ha causado una gran controversia, pues mientras los que se oponen a que avance bloquean tanto la Ciudad de México como otras ciudades del país, hay quienes replican la misma acción, pero para refrendar su apoyo. A todo esto, ¿cuánto será lo que se llevarían los magistrados y jueces a modo de gratificación por aprobarla?

Fue durante las primeras horas del pasado 4 de septiembre cuando se aprobó con 357 votos a favor y 130 en contra, en lo general, la reforma constitucional; tras ello, los integrantes del Congreso la discutieron en lo particular dando pie a que también se aprobara, por lo que ahora fue turnada al Senado para su discusión.

Derivado de estos hechos, los integrantes de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido del Trabajo (PT), los que basta recordar fueron en coalición durante la pasada jornada electoral, aprobaron el gratificar a los magistrados y jueces en caso de ser aprobada dicha reforma.

Arturo Ávila, quien funge como vocero de la bancada de Morena, presentó la reserva donde se lee:

“Se propone la modificación para que las magistradas y magistrados de Circuito, juezas y jueces de Distrito de la Federación, que concluyan su encargo por haber declinado o no resultar electas sean acreedoras al pago de un importe equivalente a tres meses de salario (...), 20 días de salario por cada año prestado, así como las demás prestaciones a que tengan derecho”.

Asimismo, se dio a conocer que Jesús Martín Cuanalo Araujo, quien se desempeña como diputado del Partido Verde Ecologista de México, propuso, además de la reserva antes mencionada, que los magistrados y jueces de Distrito, sigan contando con su derecho a ejercer la profesión en Derecho fuera del Circuito judicial de su adscripción al momento de dejar el cargo.

El Pleno de la Cámara de Diputados desechó el pasado martes un total de 607 de las 610 reservas presentadas por los distintos grupos parlamentarios, de las cuales solo tres fueron aprobadas, entre esas las antes detalladas. Las reservas avaladas se enfocaron en beneficiar a los magistrados y jueces que dejarán su cargo después de la primera elección en 2025.

Dichas modificaciones, incluidas en las reservas aceptadas, fueron propuestas para adecuar los términos y condiciones que regirán a los magistrados y jueces una vez concluido su periodo, asegurando así una transición más ordenada en el sistema judicial. Esto supone un ajuste atípico al protocolo estándar, que usualmente no experimenta tantas reservas en una sola sesión parlamentaria.

Morena y sus aliados justificaron estas órdenes como necesarias para fortalecer el balance institucional y preparar el terreno para el próximo ciclo electoral. Esta posición generó diversas reacciones entre los integrantes de otros grupos parlamentarios, quienes acusaron a la mayoría de Morena de utilizar su fuerza legislativa para imponer cambios que, consideran, podrían beneficiar exclusivamente a ciertos funcionarios sin un respaldo generalizado.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), ha propuesto una reforma al Poder Judicial con el objetivo de combatir la corrupción, mejorar la impartición de justicia y asegurar una mayor independencia y transparencia en el sistema judicial del país. Sus objetivos principales son:

• Combate a la Corrupción: Establecer mecanismos más estrictos para prevenir y sancionar la corrupción dentro del Poder Judicial.
• Acceso a la Justicia: Facilitar el acceso a la justicia para todos los ciudadanos, especialmente los más vulnerables.
• Independencia Judicial: Garantizar la autonomía del Poder Judicial respecto a los otros poderes del Estado.
• Modernización y Eficiencia: Introducir tecnologías y metodologías para hacer los procesos judiciales más eficientes y transparentes.

Para conseguir lo anterior, se ha propuesto la formación y capacitación de jueces y magistrados para asegurar un personal altamente cualificado y ético, además del fortalecimiento del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) para supervisar a jueces y magistrados y aplicar sanciones en caso de irregularidades. Del mismo modo, se busca la transferencia de la justicia laboral del Poder Ejecutivo al Poder Judicial para garantizar imparcialidad en los conflictos laborales, así como la implementación de un sistema digital para la gestión de casos y expedientes, reduciendo la burocracia y acelerando los procesos.