“Falso que el pueblo vaya a elegir a jueces”: abogado explica por qué la Reforma Judicial sólo le da más poder al Ejecutivo

Una de las principales premisas de la Reforma al Poder Judicial de la Federación, propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador y recientemente aprobada en la Cámara de Diputados, ,es que mediante la elección por voto popular de jueces, magistrados y ministros, las personas juzgadoras le deberán su cargo a los ciudadanos y por ello emitirán resoluciones en favor del pueblo mexicano y no de intereses ajenos a éste.

Sin embargo, tras un análisis de la iniciativa, el abogado penalista y experto en derechos humanos, Luis Eliud Tapia Olivares, no considera que este sistema de elección judicial propuesto desde el Ejecutivo permitirá realmente que los mexicanos elijan a sus jueces.

De inicio, el también catedrático de la Universidad Iberoamericana Torreón y de la Escuela Federal de Formación Judicial (EFFJ) apunta que en los comités de evaluación de las postulaciones no se está contemplando el procedimiento ni los requisitos a cumplir para elegir a quienes los conformarán, además de que vale recordar que cada uno de los poderes (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) conformarán dichos comités, sin que hasta ahora se sepa las reglas con que éstos actuarán.

La reforma menciona que una vez que los comités hagan la selección inicial, los poderes elegirán a sus candidatos, los cuales deberán ser avalados por las ⅔ partes tanto de la Cámara de Diputados y el Senado de la República (Legislativo), como de 8 de 11 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), como representante del Judicial. En el caso del Ejecutivo, éste no requerirá consenso.

“Si los poderes no remiten sus postulaciones en el plazo establecido en la convocatoria no podrán hacerlo después. Es decir, podríamos tener boletas solamente con candidaturas del Poder Ejecutivo porque es el único poder que no requiere conformar mayorías”, advirtió el abogado en un análisis que compartió en sus redes sociales, en el cual además alertó que las boletas proponen dividir las candidaturas en función del poder que postula a los candidatos, por lo que inminentemente, este proceso se va a politizar.

Otro de los riesgos de este sistema de elección judicial es que hay una probabilidad muy alta -según el experto- de que sólo se postule a personas cercanas al gobierno si se actúa en función de las acusaciones que AMLO ha hecho sobre que todos los jueces son corruptos, salvo contadas excepciones de las cuales nunca ha dado ejemplos. Entonces, bajo esta premisa, como no se sabe quiénes sí lo son y quiénes no, mejor postular a perfiles afines al oficialismo.

Si la reforma se aprueba pronto en el Senado de la República y luego en ⅔ partes de los congresos estatales, entonces las elecciones de personas juzgadoras deberían iniciar en el año inmediato, aunque paulatinamente, como ha asegurado la titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Luisa María Alcalde Luján, en varias conferencias matutinas.

Por otro lado, vale recordar que la iniciativa contempla que los candidatos deberán hacer campaña durante 60 días y hacer uso de los tiempos oficiales en radio y televisión, pero sin la posibilidad de recibir financiamiento ni proselitismo en contra o a favor por parte de políticos o funcionarios. Luid Tapia considera que una elección de esa magnitud no permitirá que todos los ciudadanos alcancen a consultar y analizar toda la información de los aspirantes.

Para muestra, basta el reciente proceso electoral donde la mayoría de los mexicanos votamos por seis puestos: Presidencia de la República, Senado de la República, Cámara de Diputados, Congreso local, gubernatura o jefatura de Gobierno y presidencia municipal o alcaldía. Tan solo en ese caso, donde además hubo precampaña y dinero tanto público como privado, fue difícil para los mexicanos conocer a todos los candidatos y, aparte, analizar todas sus propuestas.

“En esta elección judicial dependerá del estado (circuito judicial) pero en algunos casos elegiremos hasta 200 puestos de jueces con hasta 1,800 candidaturas. Es decir, no es cierto que el gobierno renuncia a su poder de elección en beneficio del pueblo. Al contrario, mantiene su poder pero ahora de forma perversa: nos hace creer que tendremos un rol preponderante en el proceso”, concluye el abogado y defensor de derechos humanos, quien además compartió un meme que resume su amplia explicación: