Con mayoría calificada, Cámara de Diputados aprueba en lo general la reforma al Poder Judicial

En una jornada marcada por la controversia y el ambiente de tensión, la Cámara de Diputados aprobó en lo general la reforma al Poder Judicial, propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

La votación, que se llevó a cabo la madrugada de este miércoles 3 de septiembre en una sede alterna debido a los bloqueos protagonizados por trabajadores judiciales en la Cámara de Diputados, resultó en la aprobación de la iniciativa con el respaldo de la mayoría calificada.

La votación en lo general se cerró con 359 votos a favor, cero abstenciones y 135 votos en contra, tras más de 12 horas de discusión y seis rondas.

El bloque oficialista, encabezado por el partido Morena y sus aliados, logró reunir los dos tercios necesarios para la aprobación de la reforma constitucional, que introducirá cambios significativos en el sistema judicial mexicano. Entre los puntos más debatidos se encuentra la propuesta de que jueces y ministros sean elegidos mediante voto popular, a partir de listas de candidatos presentadas por los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

La reforma, que fue presentada en febrero pasado, ha generado una serie de reacciones tanto a nivel nacional como internacional. El presidente López Obrador defendió la iniciativa argumentando que busca una mayor transparencia y responsabilidad en el poder judicial, y descalificó las críticas provenientes de Estados Unidos y Canadá como “injerencistas”. El mandatario acusó a jueces y ministros de favorecer la corrupción y de tener ingresos desproporcionados, especialmente en relación con la Suprema Corte, que ha bloqueado reformas clave en sectores estratégicos.

El Senado, donde el oficialismo se encuentra a un voto de alcanzar la mayoría calificada necesaria, tendrá que examinar y votar la reforma en los próximos días.

El embajador estadounidense, Ken Salazar, expresó su preocupación por las posibles implicaciones de la reforma en la relación comercial entre México y Estados Unidos, destacando el impacto en el T-MEC y la seguridad jurídica. En respuesta, el gobierno mexicano ha rechazado tales inquietudes, enfatizando que la reforma no comprometerá la estabilidad económica ni el intercambio comercial con su socio norteamericano.

La reforma, si se aprueba también en el Senado, marcará un cambio trascendental en el sistema judicial mexicano y tendrá un impacto profundo en la manera en que se ejerce la justicia en el país. Los próximos días serán cruciales para observar cómo se desarrolla el debate y si las preocupaciones manifestadas por diversos sectores serán atendidas.

El dictamen de reforma al Poder Judicial mexicano, incluye profundas modificaciones encaminadas a transformar el proceso de nombramiento y selección ciudadana de ministros, magistrados y jueces en todos los niveles del país.

Este dictamen, que se presenta tras diálogos nacionales y más de 100 cambios a la iniciativa original del presidente López Obrador del 5 de febrero pasado, apunta a una serie de modificaciones clave en el Artículo 17 de la Constitución.

Entre ellas, se establece un plazo máximo de seis meses para la resolución de asuntos tributarios, obligando a los jueces a justificar cualquier demora ante el Tribunal de Disciplina Judicial.

Además, el Senado perderá su facultad de nombrar a los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación, limitándose a tomar protesta y gestionar solicitudes de licencia o renuncia. La administración del Poder Judicial será manejada por un órgano especializado, mientras que la disciplina corresponderá al recién creado Tribunal de Disciplina, compuesto por cinco miembros electos por la ciudadanía.

La reforma también reduce el número de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de 11 a 9, establece que sus sesiones serán públicas y determina la renovación rotativa de la presidencia cada dos años mediante votación.

La remuneración de los integrantes del Poder Judicial no podrá superar la establecida para el Presidente de la República y se prohíben la creación y operación de fondos, fideicomisos, mandatos o contratos análogos.

Uno de los cambios más significativos es la reducción del periodo de los ministros de la SCJN de 15 a 12 años, eliminando su derecho a haber por retiro. Los Magistrados del Tribunal Electoral durarán en su encargo seis años, mientras que los Magistrados de Circuito y los Jueces de Distrito permanecerán nueve años, con posibilidad de reelección consecutiva.

La propuesta de reforma también contempla que cualquier persona o autoridad pueda denunciar hechos de responsabilidad administrativa o penal cometidos por servidores públicos del Poder Judicial, incluyendo ministros, magistrados y jueces, ante el Tribunal de Disciplina Judicial.

En cuanto al proceso de elección ciudadana, se suprime el requisito de tener al menos 35 años cumplidos para ser ministro, magistrado o juez. Los candidatos deberán tener un título de licenciado en derecho con un promedio general mínimo de 8.0 y 9.0 en materias relacionadas con el cargo, además de al menos cinco años de experiencia en el ejercicio de la actividad jurídica.

El proceso de elección será coordinado por el Instituto Nacional Electoral (INE), que organizará las elecciones, realizará los cómputos, publicará los resultados y entregará constancias de mayoría. Las campañas tendrán una duración de 60 días y se prohibirá el financiamiento público o privado de las mismas, así como la contratación de espacios en medios de comunicación para promocionar candidaturas. Los partidos políticos y servidores públicos no podrán hacer proselitismo a favor o en contra de ningún candidato.

Para la primera elección de este tipo se abrirá un Proceso Electoral Extraordinario 2024-2025, y los electos tomarán protesta ante el Senado el 1 de septiembre de 2025.