Morena presentó solicitud de juicio político contra jueces que frenaron discusión de la reforma al Poder Judicial

Diputados del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) han presentado una solicitud de juicio político y una denuncia contra los jueces que otorgaron suspensiones provisionales a la reforma al Poder Judicial. La decisión fue tomada tras el descontento del bloque mayoritario morenista, que considera estas resoluciones como una “grave intromisión en las labores del legislativo”.

Sergio Gutiérrez Luna, vicepresidente de la Cámara de Diputados, anunció la decisión que tomó su bancada. En un mensaje posteado a través de su cuenta de X precisó:

“Diputadas y diputados federales de Morena hemos presentado 𝐣𝐮𝐢𝐜𝐢𝐨 𝐩𝐨𝐥𝐢́𝐭𝐢𝐜𝐨 y denuncia penal contra la jueza Martha Eugenia Magaña López y el juez Felipe V. Consuelo Soto por su burda invasión de incompetencia. ¡𝐋𝐚 𝐑𝐞𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚 𝐚𝐥 𝐏𝐨𝐝𝐞𝐫 𝐉𝐮𝐝𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥 𝐧𝐚𝐝𝐢𝐞 𝐥𝐚 𝐯𝐚 𝐚 𝐩𝐚𝐫𝐚𝐫!”, se lee.

El conflicto contra estos dos jueces comenzó el sábado 31 de agosto, cuando la jueza federal Martha Eugenia Magaña López, con sede en Morelos, emitió una suspensión provisional que impedía al Pleno de la Cámara de Diputados discutir la Reforma Judicial.

Esta suspensión prohibía que el proyecto de reforma fuera sometido a votación en San Lázaro, alegando que la iniciativa no podía ser discutida en la nueva legislatura sin una resolución definitiva sobre su legalidad.

Horas después, el juez Felipe V. Consuelo Soto, de Chiapas, dictó otra suspensión que bloqueaba el envío del proyecto a los congresos locales en caso de que la reforma fuera aprobada en la Cámara de Diputados.

Según Soto, una reforma constitucional requiere el aval de al menos 17 congresos estatales para su validación, y esta suspensión impedía que el proceso legislativo continuara en esa dirección hasta que se resolviera la situación legal.

Antes de que se anunciara la decisión de manera formal, Ricardo Monreal, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, respaldó estas medidas, argumentando que los jueces han violado la Constitución y han interferido de manera indebida en el proceso legislativo.

En contraste, la oposición ha criticado fuertemente esta actitud. Ivonne Ortega, coordinadora de la bancada de Movimiento Ciudadano (MC), cuestionó si el partido en el poder busca encarcelar a los jueces y advirtió sobre las implicaciones de una persecución judicial que podría ser vista como un ataque a la independencia del Poder Judicial.

Además, Rubén Moreira, líder del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la Cámara de Diputados, ha condenado la reforma y expresó su rechazo a lo que considera una maniobra para debilitar la independencia judicial, mientras que Alejandro Moreno, presidente del PRI, ha llamado a la unidad y al respeto a la pluralidad en el Congreso.

En la primera sesión de este domingo, la bancada del PRI abandonó la discusión para no cometer un desacato tras la determinación de los dos jueces.

La Reforma Judicial ha suscitado preocupación a nivel internacional. Organismos como la ONU y Human Rights Watch, así como gobiernos de Estados Unidos y Canadá, han expresado inquietudes sobre las posibles implicaciones negativas para la justicia y la democracia en México. Estas entidades han advertido sobre los riesgos asociados con la centralización del poder judicial y su impacto potencial en la imparcialidad y estabilidad del sistema judicial mexicano.

A pesar de las críticas y el descontento, el proceso legislativo continúa su curso. La Cámara de Diputados ha programado la votación general de la reforma para el martes 3 de septiembre, con la discusión y votación de los aspectos particulares previstas para el miércoles 4 de septiembre.

Ricardo Monreal ha indicado que, si la reforma es aprobada por la Cámara de Diputados, necesitará el respaldo de dos tercios del Senado y la mayoría de los congresos estatales para su implementación. De ser así, la reforma permitiría que los ciudadanos elijan directamente a los jueces y ministros a partir de 2025.