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Más de 196 mil personas han sido asesinadas durante la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien dejará su cargo el próximo 30 de septiembre con un récord nada presumible: ser el sexenio más violento de la historia reciente de México.
En sus casi seis años de gobierno el Presidente culpó a las administraciones pasadas -con justa razón- de provocar una escalada de violencia con la llamada “guerra contra el narco”, pues en la transición del gobierno de Vicente Fox a Felipe Calderón los homicidios pasaron de 53 mil 275 a 102 mil 812 (casi el doble); con Enrique Peña Nieto se incrementaron a 130 mil 626 y, al corte del 27 de agosto de 2024, AMLO suma 196 mil 91 víctimas de homicidio.
“En este país ya todo mundo paga extorsión y cobro de piso; pagan un ‘impuesto criminal’ por cada kilo la tortilla y limón. Ese es el saldo de la política de abrazos, no balazos”.
Las palabras son de Jacobo Dayán y París Martínez, escritores del libro Permiso para Matar, con quienes Infobae México platicó respecto a los crímenes de Estado cometidos en la actual y en las pasadas administraciones federales, desde que el Ejército Mexicano salió a las calles como estrategia para reducir la inseguridad, la misma que comenzó hace ya 17 años y se mantendrá, por orden constitucional, hasta 2028.
“Si la responsabilidad de la reducción de la violencia recae en las Fuerzas Armadas o en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, no vamos a resolver nada; mientras no recaiga también en la Fiscalía General de la República, en las fiscalías locales, en la capacitación de policías civiles y en la creación de mecanismos extraordinarios, nada cambiará”.
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El poder del Ejército Mexicano
A pesar de que durante su campaña a la presidencia AMLO prometió una desmilitarización del país, en su gestión se consolidó el paso de la Guardia Nacional a manos de la Secretaría de la Defensa Nacional; también la permanencia del Ejército para realizar labores de seguridad pública hasta 2028.
En la actual presidencia también se registró un inusual incremento de asignaciones a las Fuerzas Armadas, la mayoría de ellas relacionadas con contratos para la creación de obra pública -el mes pasado la Sedena firmó un contrato por mil 200 millones de dólares para construir una planta fertilizante de Pemex-; aunque también se les asignó el control de las 49 aduanas del país.
La desmilitarización no sólo no llegó, Jacobo Dayán y Paris Martínez remarcan que el Ejército Mexicano está por encima de las instituciones del Estado Mexicano.
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“El Ejército se regula a sí mismo, no se le puede llamar a rendir cuentas y cuándo se hace, el Presidente -jefe máximo de las Fuerzas Armadas- lo protege: ahí están los casos de Ayotzinapa, de la Guerra Sucia o del general (Salvador) Cienfuegos. El Ejército Mexicano no está sujeto a controles ni legales, ni políticos, ni administrativos”.
La falta de regulación del Ejército se trae a colación no sólo por el poder que incrementaron los militares durante la actual administración federal, también por su falta de capacitación en el combate a la delincuencia común y sus constantes involucramientos en ejecuciones extrajudiciales y violaciones a derechos humanos mientras se encuentran patrullando las calles en la “guerra contra el narco”.
“Uno de los objetivos del libro es cuestionar el papel del Ejército, una de las instituciones mejor evaluadas del país porque se le ve como quien está dando la cara para defendernos de los malos, pero que tiene un ‘Permiso para Matar’ bajo el pretexto de que (las víctimas) en algo andaban y que se matan entre ellos; se les ha dado una carta blanca para asesinar a civiles que después son revictimizados al señalarlos como ‘daños colaterales’, presuntos criminales, casos aislados o manzanas podridas’”.
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“Permiso para Matar”
De continuar con la tendencia de homicidios diarios -95 según un estudio de TResearch-, el sexenio de AMLO terminará a sólo mil casos de alcanzar la deshonrosa cifra de las 200 mil personas asesinadas.
Lo más preocupante para el país es que la presidenta electa Claudia Sheinbaum no ha dado muestras de querer cambiar la política de ‘abrazos, no balazos’, y la utilización de las Fuerzas Armadas para el trabajo de la seguridad pública: “una estrategia fallida porque incluye en su origen el ejercicio de una violencia consciente incluida en los patrones de actuación de las fuerzas públicas (armadas y civiles) y la ausencia de controles y diseño institucional que buscan -además del ‘Permiso para Matar’- garantizar la impunidad”.
“Llevamos tres sexenios preguntándonos ¿Cuánta violencia se necesita para acabar con la violencia?, pero no nos hemos preguntado cuánto Estado se necesita para acabar con la violencia; evidentemente se necesita fuerza, instituciones policiacas y fuerzas armadas (en algunos casos), pero también instituciones claras, inteligencia y un montón de justicia en un país con 97 por ciento de impunidad”.
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